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Cuba informa a EE.UU. sobre supuestos terroristas y traficantes durante reunión en La Habana

El diálogo entre Washington y La Habana se limitó a discutir sobre la coordinación para combatir actores criminales comunes, vinculados al narcotráfico y al tráfico de personas.

Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. © CiberCuba
Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 1 año

Cuba entregó información a Estados Unidos sobre supuestos terroristas y traficantes radicados en su territorio, durante una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos para tratar asuntos de interés bilateral sobre el cumplimiento de la ley, según se conoció al concluir las conversaciones efectuadas este miércoles y jueves en La Habana.

Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en la capital cubana en la reanudación del “Diálogo sobre aplicación de la ley”, el primero que se realiza desde 2018, luego de cuatro ediciones anteriores a partir de 2015.

La reunión de La Habana perseguía retomar el intercambio con el propósito de incrementar la cooperación entre ambos gobiernos en asuntos multidireccionales relacionados con el cumplimiento de la ley, como el tráfico de personas, los narcóticos, el terrorismo y otros casos penales.

Una nota de prensa del Ministerio del Interior (MININT), citada por medios oficialistas, señaló que durante el encuentro la parte cubana "hizo referencia a las informaciones y propuestas de cooperación trasladadas a las autoridades estadounidenses sobre actividades de personas radicadas en Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo, tráfico ilegal de personas y otras actividades ilícitas".

Según la versión oficial de Cuba, "ambas delegaciones coincidieron en que existen fenómenos comunes asociados a la ilegalidad que requieren de la cooperación". Asimismo, el comunicado del MININT precisa que se acordó "dar continuidad a este diálogo y realizar otros encuentros técnicos entre las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de los dos países".

En el comunicado emitido en la noche de este jueves, el Departamento de Estado aseguró que las discusiones que marcaron esta reunión se relacionaron con temas para una mejor coordinación internacional en materia de aplicación de la ley para que Estados Unidos pueda "proteger mejor a sus ciudadanos y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales".

Afirmó, además, que estos diálogos con La Habana fortalecen la capacidad de Estados Unidos para combatir a los actores criminales y que "la mejora de la coordinación en la aplicación de la ley redunda en beneficio de EE.UU. y del pueblo cubano".

No obstante, la declaración advirtió que "este diálogo no afecta la atención que la administración sigue prestando a las cuestiones críticas de derechos humanos en Cuba, que siempre son fundamentales para nuestro compromiso".

"La participación en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de mantener conversaciones constructivas con el Gobierno de Cuba cuando sea apropiado para promover los intereses de Estados Unidos", concluye la nota de prensa.

Por Estados Unidos, el diálogo estuvo presidido por los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia. La delegación estadounidense incluyó a representantes de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado; de la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del Departamento de Seguridad Nacional; del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Guardia Costera de EE.UU.; y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones; además de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La delegación cubana estuvo conformada por representantes de los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Aduana General de la República.

Previo a la realización de este encuentro, CiberCuba obtuvo declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado y consultó a fuentes de la administración Biden y analistas del tema cubano, quienes anticiparon que la agenda de este diálogo podría incluir temas relacionados con el flujo migratorio ilegal y la repatriación de interceptados, el tráfico humano, el fraude migratorio, deportaciones, el narcotráfico, la reclamación de fugitivos, los ciudadanos estadounidenses detenidos en Cuba y asuntos de ciberseguridad.

La víspera, los senadores republicanos por Florida Marco Rubio y Rick Scott pidieron a la administración Biden que no hiciera concesiones al régimen cubano.

Ambos senadores enviaron una carta al Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, y al Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, instando a sus agencias a utilizar este diálogo para promover las libertades políticas y económicas del pueblo cubano, en vez de otorgar concesiones al régimen, según un comunicado difundido por la oficina del legislador Rubio.

La declaración subrayó el hecho de que "funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de EE.UU. se encuentran en La Habana esta semana para llevar a cabo un diálogo con miembros del régimen cubano, incluyendo funcionarios del Ministerio del Interior de la dictadura, el cual es responsable de graves violaciones de DDHH contra el pueblo cubano".

Los legisladores republicanos instaron a la administración Biden priorizar los temas de elecciones libres y justas para las instituciones de gobierno de Cuba; la libertad para todos los presos políticos y de conciencia detenidos por "delitos políticos", además de la retención de propiedad cubana hasta que los activos expropiados por el régimen sean devueltos a sus propietarios legítimos, tanto estadounidenses como cubanos.

Además propusieron hablar de la extradición de ciudadanos de EE.UU. que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, incluyendo a responsables de asesinato a policías y fraude al Medicare; que cese el uso de la migración masiva hacia nuestras costas como un arma política, y se detenga el patrocinio a organizaciones terroristas extranjeras que operan en Colombia, Venezuela y otras partes de Latinoamérica.

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