La secretaria de Prensa de La Casa Blanca Karoline Leavitt reafirmó este miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acelerará las decisiones de asilo para reducir el atraso heredado de la era Biden.
"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del presidente Donald Trump acelerará las decisiones sobre casos de asilo en un esfuerzo por reducir el enorme retraso dejado por la administración del ex presidente Joe Biden.", señaló.
El anuncio ocurre dos días después de que esa entidad publicara una regla final provisional que permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) remitir casos de asilo directamente a jueces de inmigración sin necesidad de entrevistar primero al solicitante, en un intento por desmantelar el enorme rezago acumulado durante la administración Biden.
La medida, que entra en vigor de inmediato según el comunicado oficial del DHS, elimina un paso que la administración Trump describe como una segunda oportunidad de revisión que ha sido aprovechada para demorar deportaciones y obtener permisos de trabajo.
Bajo el esquema anterior, USCIS estaba obligada a entrevistar a cada solicitante antes de decidir si aprobaba el caso o lo enviaba a un tribunal de inmigración.
La nueva norma suprime esa entrevista obligatoria y también elimina las referencias reglamentarias al «derecho» del solicitante a comparecer ante un oficial de asilo.
Según estimaciones del DHS, unos 444,000 de los cerca de 1.4 millones de casos de asilo afirmativo pendientes podrían verse afectados por el cambio, que además podría impactar más de 132,000 nuevas solicitudes anuales.
El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó la decisión con un argumento contundente: «Por demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con propósitos de demora y autorización de trabajo, no por reclamaciones legítimas de protección.
El sistema existe para proteger a personas que genuinamente temen la persecución, y esta regla ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes».
El consejero general del DHS, James Percival, fue más directo al señalar a quienes, en su opinión, han colapsado el sistema: «Una de las mayores barreras para la aplicación efectiva de la ley de inmigración es la demora intencional por parte de extranjeros ilegales y los abogados de fronteras abiertas que los representan. Esta regla hará exactamente lo que el presidente ordenó».
El rezago que la medida busca atacar es de proporciones históricas: el total de solicitudes pendientes —sumando casos ante USCIS y tribunales de inmigración— alcanzaba casi 4 millones en abril de 2026, con los tribunales registrando 3.3 millones de casos activos en marzo de ese año.
La administración Trump atribuye ese colapso a las políticas de la era Biden, durante la cual el rezago de los tribunales de inmigración creció de 1.2 millones al final de la primera administración Trump a casi 3.5 millones hacia finales del año fiscal 2024.
La tasa de aprobación de asilo refleja el giro radical de la política migratoria: bajo Biden, los jueces concedieron el 48.1% de las solicitudes en el año fiscal 2023, cifra que se desplomó al 8.8% en el primer semestre del año fiscal 2026, el nivel más bajo en más de una década.
Esta nueva regla se suma a otras medidas que han reconfigurado el sistema migratorio: la imposición de una tarifa anual de $102 a solicitudes pendientes por más de un año, la contratación de 120 nuevos jueces de inmigración con entrenamiento acelerado, y el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026 que autorizó rechazar solicitantes en la frontera con México sin procesar sus solicitudes.
UCSIS aceptará comentarios públicos durante 60 días, hasta el 28 de septiembre de 2026, antes de emitir una regla final definitiva.
El investigador Andrew R. Arthur, del Centro para Estudios de Inmigración, anticipó la dirección que tomará el sistema: «Cabe esperar que las denegaciones de asilo aumenten y las concesiones disminuyan, tanto en números reales como en porcentaje del total de decisiones, al menos mientras Trump sea presidente».
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