El gobierno cubano ultima los detalles de la futura Ley de Empresas, que se prevé aprueba el Parlamento en su sesión de diciembre.
Aunque hasta el momento se desconocen los detalles de esta normativa, se conoció que una encuesta a más de 600 empresas estatales le permitió a las autoridades discutir sobre el alcance, objetivos y principios de la ley.
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, adelantó que se valoran los movimientos organizativos y descentralización, tipología, la integración, el patrimonio, las formas de asociarse o expandirse, el régimen económico, la autonomía, las relaciones financieras con el Estado, la participación de los trabajadores, los órganos de dirección, la responsabilidad social y el control y la auditoría interna, entre otros.
"Esta ley ayudará a poner en su lugar muchas cosas asociadas a sus misiones, gobernanza, Juntas de gobierno, OSDE (organización superior de dirección empresarial), asignación de recursos, facultades para promover la inserción internacional y creación de negocios con inversión extranjera, entre otros aspectos", enfatizó el ministro.
Hasta el momento, el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular no ha publicado el anteproyecto, que de acuerdo con Gil Fernández "está en preparación para someterlo a la valoración de la dirección del país".
El economista Elías Amor, en un análisis que publicó CiberCuba en febrero de 2021, explicó que la norma no debe generar grandes expectativas en la población y los empresarios.
"Se necesita establecer un modelo de empresa que supere la actual disyuntiva estatal no estatal, y reconozca los elementos de independencia, autonomía, seguridad jurídica y propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines. Sin embargo, si la ley que están pensando las autoridades mantiene el conjunto de barreras regulatorias, el exceso de burocracia, la penosa duplicidad de controles, la intervención directa de los comunistas locales en las decisiones y la escasa flexibilidad, se habrá perdido una oportunidad histórica para avanzar hacia un marco moderno y aceptable para la actividad empresarial en Cuba", alertó el experto.
La Constitución cubana establece en su artículo 27 que la empresa estatal "es el sujeto principal de la economía nacional", y aunque reconoce su autonomía en administración y gestión, es altamente dependiente de las decisiones y regulaciones que establece la dirección del país.
Expertos consideran que el conglomerado empresarial cubano, con un gran número de pérdidas y una ineficiencia probada, solo lastra el desarrollo económico de la nación, empobreciendo a los ciudadanos y haciendo la vida cada vez más insoportable.
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