El expresidente Donald Trump volvió a poner la inmigración en el centro de su discurso político, anunciando un enfoque radical en su política migratoria si es elegido presidente nuevamente en 2024.
Así lo expuso el sábado durante la Cumbre de la Libertad del Partido Republicano de Florida, celebrada en Kissimmee, ante cientos de seguidores a los que prometió una serie de medidas sin precedentes, dirigidas tanto a inmigrantes legales como no autorizados, e incluyendo una política masiva de deportaciones.
“Vamos a ganar las primarias de Florida por tercera vez consecutiva, y vamos a ganar el estado de manera aplastante el próximo noviembre”, dijo Trump ante una bulliciosa multitud, antes de llamar al escenario a varios legisladores de Florida que cambiaron su respaldo al gobernador Ron DeSantis.
DeSantis, Trump y otros candidatos firmaron el sábado la documentación de calificación para las primarias de marzo de 2024 en Florida. Las primarias podrían resultar críticas, pero sólo si el gobernador u otros candidatos pueden disminuir la fuerza de Trump en los primeros estados nominados que le preceden.
“Debilitar la posición de DeSantis en Florida es un objetivo claro de la campaña de Trump”, dijo a la agencia AP un estratega republicano que trabajó en la campaña presidencial de 2016 de Marco Rubio.
Delante de grandes pancartas que decían: “Florida es el país de Trump”, el republicano endureció el tono y el fondo de su discurso anti inmigración, basando sus argumentos en el mismo manual de estrategia de línea dura que utilizó durante su campaña de 2016.
Entre las medidas que prometió implementar se encuentran la construcción de kilómetros adicionales de muro fronterizo, límites dramáticos al asilo, la reinstauración del programa que obligaba a los inmigrantes a esperar sus audiencias de asilo en México, y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes que viven en el país ilegalmente.
Además, Trump sugirió la posibilidad de negar la entrada a inmigrantes legales basándose en sus creencias ideológicas, llegando incluso a afirmar que algunos inmigrantes están "envenenando la sangre de nuestro país", según CBS.
Si bien marcan un alejamiento de la política actual, estas propuestas enfrentarían desafíos legales y operativos considerables, poniendo a prueba los límites de la autoridad presidencial y los recursos gubernamentales.
Angela Kelley, exfuncionaria de inmigración de alto rango de la administración Biden, calificó las promesas de Trump como propuestas "extremas" que "aterrorizarían" a los inmigrantes. Sin embargo, Chad Wolf, quien dirigió el Departamento de Seguridad Nacional durante el último año de Trump en el cargo, defendió estas medidas argumentando que son necesarias para abordar la crisis en la frontera sur.
En su discurso, Trump prometió llevar a cabo la "operación de deportación más grande" en la historia de Estados Unidos, siguiendo el modelo de la infame "Operación Espaldas Mojadas" de la administración Eisenhower en 1954. Esto implicaría otorgar a la Guardia Nacional y a funcionarios estatales la autoridad para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, desafiando así los límites legales de la participación de los militares en la aplicación de la ley a nivel nacional.
Además, Trump anunció su intención de invocar las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798 para deportar a presuntos miembros de pandillas de inmigrantes. También se comprometió a emitir una orden ejecutiva en su primer día de regreso a la Casa Blanca que intentaría negar la ciudadanía por nacimiento a niños cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, una medida que plantea interrogantes legales significativos.
En cuanto a la frontera entre Estados Unidos y México, Trump manifestó su intención de restablecer políticas para descalificar a la mayoría de los inmigrantes que buscan asilo y acelerar su deportación.
Estas medidas incluyen la llamada política "Permanecer en México" y acuerdos que permiten a Estados Unidos redirigir a los solicitantes de asilo a terceros países, así como amplias restricciones a la elegibilidad para el asilo. Trump también mencionó la posibilidad de reactivar el Título 42 para expulsar a los migrantes por motivos de salud pública, incluidos los niños no acompañados.
Si bien las promesas de Trump pueden parecer dramáticas, enfrentarían obstáculos legales y operativos significativos. Por ejemplo, la promesa de poner fin a la ciudadanía por nacimiento es legalmente cuestionable, ya que la mayoría de los juristas consideran que está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución.
Además, una operación de deportación masiva requeriría una cantidad sustancial de recursos y enfrentaría importantes preocupaciones legales y humanitarias, como el debido proceso y la posible separación de familias. No obstante, las posturas extremas de Trump en este ámbito han encontrado eco entre algunos candidatos republicanos y parecen no incomodar a una buena parte de los estadounidenses, según reflejó una encuesta reciente del New York Times y el Siena College.
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