El gobierno cubano reconoció durante su reunión mensual del Consejo de Ministros, que los nuevos precios del combustible, entrados en vigor el pasado 1 de marzo, no “han logrado el efecto esperado”, sobre todo, en lo relacionado a la oferta que ofrecen los porteadores privados.
En la evaluación que hicieron los altos dirigentes cubanos, apostados en uno de los salones del Palacio de la Revolución, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, aseguró que los precios han continuado aumentando en lo que respecta a la transportación de la población, culpando de ese incremento a las formas privadas.
La funcionaria dijo específicamente que “si bien las formas de gestión no estatal que prestan servicios de transportación de pasajeros y de carga adquieren los combustibles para el ejercicio de esas actividades a los precios mayoristas establecidos, no se ha logrado el efecto esperado en los precios”, según refiere un reportaje del oficialista periódico Granma.
Desde que entraron en vigor estas nuevas tarifas, las cuales serán sometidos a revisión cada tres meses, el régimen se ha puesto en alerta, por el temor a una subida de precios en el sector del transporte privado, conscientes de que un hecho así repercute en las ya delicadas circunstancias de movilidad a lo largo y ancho de la isla.
Entre sus tácticas, al parecer ineficientes, han surgido la imposición de multas a transportistas, como ocurrió en Guantánamo, donde en menos de una semana, inspectores pusieron 80 sanciones a choferes “que incurrieron en indisciplinas e ilegalidades”, según una nota del diario oficialista Venceremos.
Otra de sus alternativas han sido las charlas preventivas a través del Consejo de la Administración Pública, de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Transporte, de la Dirección Integral de Supervisión, junto a la Policía Nacional Revolucionaria, para que “organicen y combatan los precios abusivos y especulativos en la transportación de pasajeros”.
Lo cierto es que ante un panorama de creciente escaseces, las autoridades siguen sin encontrar una fórmula que no tenga a la población como la principal afectada en las decisiones que se firman desde un buró en el Palacio de la Revolución, cuestión que impacta negativamente en la calidad de vida de los cubanos.
Al defender este paquetazo de medidas en el orden de los combustibles, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, ha dicho, entre otras cuestiones, que "el incremento de los precios a la población por parte de los transportistas privados es una distorsión que debe ser corregida".
Asimismo, utilizando la palabra que tanto le gusta, el funcionario ha instado a eliminar la "blandenguería" en el enfrentamiento a la posible subida de precios.
Incluso, el primer ministro ha llegado a amenazar con quitar la licencia, y hasta los vehículos, a todos aquellos que suban los precios del servicio.
Marrero Cruz ha hecho hincapié en la responsabilidad de los gobiernos locales para hacer cumplir lo establecido y ha lanzado amenazas muy concretas que agudizan el panorama.
En su defensa el gobierno ha sostenido, desde el inicio de la implementación de esta medida, que la preservación de precios mayoristas en el combustible para transportistas privados debería evitar el alza del valor en los servicios que ellos ofrecen a la población.
Cuestión que vista, un mes después, no alcanza los resultados esperados desde la concepción burocrática que establecen en sus oficinas.
Cabe recordar que esta medida ha aumentado las múltiples preocupaciones que tiene la población en la isla. Desde el inicio de su implementación, los cubanos comenzaron a detectar incrementos en las tarifas de transportistas privados, mientras los conductores sufren largas colas en las pocas gasolineras abastecidas.
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