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La Fiscalía Provincial de Las Tunas ha registrado un aumento preocupante de agresiones sexuales en el territorio, destacando una mayor prevalencia en zonas rurales.
Lisbet Pavón Marchán, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, informó al oficialista Periódico 26 que este fenómeno, aunque también presente en áreas urbanas, tiene una incidencia notablemente superior en zonas rurales, en especial en las localidades de Jobabo, Las Tunas y Puerto Padre.
Durante el año 2023, los registros oficiales documentaron 13 casos de abuso sexual y 18 de agresión sexual. En lo que va de 2024, ya se han reportado 11 abusos y 27 agresiones.
Sin embargo, aunque estas cifras pudieran parecer bajas, Pavón explicó que “la realidad siempre supera las estadísticas”, ya que muchos casos permanecen en silencio debido a la vergüenza y la negativa de las víctimas a denunciar.
El contexto rural agrava la situación, dado que el abuso se sustenta con frecuencia en la confianza excesiva de los padres hacia personas cercanas a la familia, como tíos, padrastros o vecinos.
Para comprender las diferencias legales entre agresión sexual y abuso, la fiscal aclaró que la agresión implica penetración, mientras que el abuso se refiere a tocamientos indebidos. En ambos casos, las víctimas más comunes son menores de edad.
Pavón subrayó que este tipo de delitos suelen pasar desapercibidos en el momento, pues las víctimas, especialmente los menores de edad, prefieren guardar silencio.
Al respecto, alertó que un patrón recurrente en los casos atendidos por la Fiscalía es el rechazo de los menores hacia quienes cometen los abusos pues a menudo evitan quedarse a solas con esas personas, pero no lo denuncian de inmediato por miedo a represalias, castigos o la posibilidad de que no les crean.
Pavón destaca que los agresores sexuales suelen mantener una apariencia socialmente aceptable, lo que dificulta su identificación, y mencionó que, en muchas situaciones, estos individuos son familiares cercanos, como padrastros, tíos, abuelos o primos.
Las víctimas generalmente confían sus experiencias traumáticas a abuelos o primos en lugar de a sus propios padres.
La fiscal argumentó que en casos recientes, algunos menores solo relatan lo sucedido después de que sus madres se divorcian del agresor, como en situaciones donde el abusador es el padrastro.
Pavón también ha observado que muchas madres desestiman las denuncias de sus hijos, argumentando que son inventos o mentiras.
El nuevo Código Penal establece definiciones más claras y precisas para abordar delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, otorgando mayor protección a las víctimas, independientemente de su sexo o edad.
Según Norge Nosley Sastre García, fiscal jefe del Departamento de Organización y Planificación y citado por Periódico 26, este marco legal busca eliminar criterios discriminatorios y unificar conceptos legales antes dispersos en varias tipificaciones.
Una de las principales incorporaciones es el delito de agresión sexual, que ahora abarca elementos previamente considerados bajo las figuras de violación, pederastia con violencia y ciertos casos de abuso lascivo.
Por otro lado, el término "abuso sexual" se reserva para actos que involucran tocamientos indebidos, sin llegar a la penetración.
El Código Penal vigente regula el abuso sexual en el Artículo 396.1, estableciendo sanciones que incluyen privación de libertad de seis meses a dos años, multas de entre 200.00 y 500.00 cuotas, o ambas.
En circunstancias agravantes, las penas pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas más elevadas.
Este nuevo cuerpo legal, según Sastre, busca abordar las ofensas graves de manera integral, dejando por sentado la protección a menores y garantizando un tratamiento más equitativo y exhaustivo en casos de delitos sexuales.
En octubre último, un total de 19 personas fueron condenadas en Cuba por su implicación en delitos de trata de menores entre los años 2022 y 2024, según un informe publicado por el diario oficialista Granma.
En el período señalado, se juzgaron 14 casos asociados a este acto ilegal, tras la identificación de igual número de víctimas, todas niñas menores de edad. Las condenas impuestas a los acusados, que incluyen a 13 hombres y seis mujeres, oscilan entre tres y 20 años de prisión.
En el mes de junio, un oficial del Ministerio del Interior que abusó sexualmente de una niña de cuatro años en el municipio de Buey Arriba fue condenado, en segunda instancia, a tres años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma.
Maikel Solano Arévalo, fue sentenciado por este órgano judicial, tres meses después de que, en primera instancia, el Tribunal Municipal de Buey Arriba lo condenara a solo tres años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la prisión.
Ese mes, tras más de dos días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades y a la población de Cienfuegos, fue finalmente capturado el hombre acusado de múltiples abusos sexuales.
Dunién Hernández, residente de la calle Reina, fue arrestado en la madrugada del viernes por la Brigada Especial, según informó el usuario Saúl Manuel en Facebook.
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