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El vicefiscal general cubano Marcos Caraballo de la Rosa, indicó que durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, se impusieron en Cuba más de 300 medidas cautelares, con un 83% de prisión provisional, enfocadas principalmente en delitos de corrupción y tráfico de drogas.
El operativo se realizó entre el 2 y el 7 de diciembre, con el objetivo, según el régimen, de frenar la corrupción, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que afectan al país.
En menos de una semana se revisaron 1,900 expedientes en fase preparatoria, de los cuales 527 se llevaron a los tribunales para apertura de juicios orales.
El Marcos Caraballo calificó la corrupción como una "amenaza a la seguridad nacional" e informó sobre procesos graves que involucran cadenas delictivas compuestas por funcionarios y directivos. Cuatro casos destacados ya fueron llevados a juicio.
El ejercicio también incluyó la detección de delitos contra el sistema eléctrico nacional, como la sustracción de aceite dieléctrico, calificados por la Fiscalía como actos de sabotaje.
En paralelo, se realizaron 303 acciones de control fiscal, que derivaron en multas por más de 2,1 millones de pesos, la detección de deudas tributarias superiores a 61 millones de CUP y la recuperación de más de 3,4 millones de pesos.
La Fiscalía presenta estas medidas del gobierno como una defensa de la "tranquilidad ciudadana", pero el ejercicio pone de relieve las profundas fisuras en la legalidad y la gestión estatal, reflejadas en los delitos recurrentes y la falta de controles efectivos.
La corrupción y la crisis energética siguen siendo síntomas de problemas estructurales en el país, que exigen más que operativos esporádicos para su solución.
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