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El régimen cubano rechazó este martes la “Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos” firmada por el presidente Joe Biden, y la calificó como una "nueva medida coercitiva unilateral, que refuerza el bloqueo contra la economía cubana".
Una declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, señala que la “Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos” brinda "una patente de corso que ensancha el camino para consolidar el robo de marcas cubanas legítimamente registradas en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos".
Agrega que la iniciativa, "promovida por los sectores anticubanos en el Congreso", amplía con el alcance de la sección 211 de la Ley de Asignaciones para el año fiscal 1999, y le "propina un nuevo golpe al sistema internacional de protección de la propiedad industrial y confirma el desprecio de Estados Unidos por las instituciones del derecho internacional, en particular, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".
"La actitud del gobierno estadounidenses contrasta con la de las autoridades cubanas,que siempre han actuado con estricto apegoa los convenios internacionales relativos a la propiedad intelectual de los que Cuba y Estados Unidos son parte. En la actualidad, 6448 marcas estadounidenses están registradas y se protegen en Cuba", afirma La Habana.
Biden firmó el pasado domingo la ley No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023, conocida como la "Ley Bacardí", destinada a proteger los derechos de marcas confiscadas por el gobierno cubano desde 1959.
La normativa prohíbe que tribunales y agencias estadounidenses reconozcan marcas comerciales expropiadas sin el consentimiento de sus dueños originales, marcando un precedente para empresarios cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras la llamada “revolución cubana”.
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La Casa Blanca confirmó que la ley fue aprobada con un amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Según el comunicado oficial, esta legislación impide la validación de derechos de marca que estén ligados a bienes o empresas expropiados, salvo que el propietario original o sus herederos otorguen consentimiento explícito.
La ley tiene implicaciones directas en el largo litigio sobre la marca "Havana Club", un ron cuya producción y comercialización ha sido objeto de disputas legales entre la corporación Bacardí, el régimen cubano y su socio comercial francés Pernod Ricard.
En 1995, Bacardí comenzó a vender ron bajo esta marca en Estados Unidos tras adquirirla de la familia Arechabala, fundadora original del negocio. Sin embargo, el gobierno cubano, a través de su empresa estatal Cubaexport, también reclama derechos sobre la marca, respaldado por Pernod Ricard.
Cubaexport inscribió por primera vez la marca en Estados Unidos en 1976, pero enfrentó dificultades para renovar su registro debido al embargo estadounidense y a restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En 2016, la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) otorgó nuevamente la licencia a Cubaexport, desatando una demanda de Bacardí que llegó hasta la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en 2023, la cual falló a favor de la empresa con sede en Bermudas.
Con esta nueva legislación, la PTO y otros organismos federales tendrán menos margen para validar derechos de marcas asociadas a propiedades confiscadas, lo que fortalece la posición de Bacardí en este conflicto y podría afectar directamente las exportaciones cubanas de "Havana Club".
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