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Una segunda jueza federal bloqueó este miércoles el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La demanda fue presentada en Maryland por cinco mujeres embarazadas y por dos organizaciones de derechos de los inmigrantes, quienes argumentaron que sus hijos podrían ser inconstitucionalmente privados de la ciudadanía estadounidense.
Durante la audiencia, Boardman enfatizó que el decreto de Trump entra en conflicto con el texto de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos.
Sostuvo, además, que la orden ejecutiva contradice más de un siglo de precedentes de la Corte Suprema.
“Ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación del presidente”, afirmó la jueza, según declaraciones recogidas por CNN.
“Este tribunal no será el primero”, añadió.
Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, determinó que la medida cautelar debía aplicarse en todo el país para garantizar un “alivio completo” a los afectados.
“El Gobierno no se verá perjudicado por una medida cautelar que le impida aplicar un decreto que probablemente será declarado inconstitucional”, afirmó la jueza.
Argumentos legales y decisión judicial
Su orden se mantendrá vigente mientras avanza la demanda contra el decreto, aunque se espera que la administración de Trump la apele ante un tribunal federal en Richmond. De ser así, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
Mientras leía su fallo, Boardman subrayó el “daño irreparable” que causaría la orden de Trump, si se permitiera su entrada en vigor.
“A los niños sujetos al decreto se les negarán los derechos y beneficios de los ciudadanos estadounidenses, y sus padres enfrentarán inestabilidad e incertidumbre sobre el estatus de ciudadanía de sus bebés no nacidos”, advirtió.
Joseph Mead, abogado de los demandantes, argumentó que la 14ª Enmienda ha sido interpretada durante más de un siglo como una garantía de ciudadanía para todas las personas nacidas en Estados Unidos.
“Los padres a los que se refiere el decreto han vivido en EE. UU. durante décadas”, explicó Mead.
“No son visitantes temporales; han hecho de este país su hogar y tienen derecho a que sus hijos sean reconocidos como ciudadanos”, añadió.
Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, Eric Hamilton, defendió la orden argumentando que los redactores de la 14ª Enmienda no tenían la intención de crear un vacío legal que pudiera ser explotado por inmigrantes indocumentados o visitantes temporales.
También afirmó que bloquear el decreto era prematuro, ya que las agencias federales aún no habían comenzado a desarrollar políticas para su implementación.
Sin embargo, la jueza Boardman rechazó ese argumento, asegurando que el texto del decreto era suficiente para evaluar su legalidad.
“¿Por qué necesitamos más de lo que está en el decreto para entender la política?”, cuestionó la magistrada.
Reacciones y el futuro del decreto
El fallo de Boardman, de alcance nacional, representa un revés significativo para el decreto firmado por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero.
La orden había sido rápidamente impugnada en tribunales, y fue suspendida temporalmente días después por otro juez.
El fallo de Boardman fue celebrado por organizaciones de derechos de los inmigrantes. Swapna Reddy, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), calificó la decisión como un alivio para muchas familias que temían las consecuencias del decreto.
El decreto de Trump, titulado “PROTEGER EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, establecía que el Gobierno federal no emitiría documentos que reconocieran la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en EE.UU. de padres en situación migratoria irregular o con estatus legal temporal. La medida estaba programada para entrar en vigor 30 días después de su firma.
Con varios recursos legales en curso en diferentes estados, expertos jurídicos consideran probable que el caso termine en la Corte Suprema, donde se decidirá el futuro de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
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