Dos muertos en operativo de EE.UU. contra presunta narcolancha cerca de Colombia

El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo este jueves 5 de febrero un ataque letal en aguas internacionales del Pacífico oriental, cerca de Colombia, contra una embarcación que, según reportes de inteligencia, navegaba por rutas frecuentemente utilizadas para el narcotráfico.

El operativo dejó un saldo de dos personas muertas y forma parte de la campaña militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump bajo el nombre de Operación Lanza del Sur.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, brazo operativo del Comando Sur en este tipo de intervenciones.

En un comunicado difundido en la red social X, el organismo informó que el ataque fue realizado “bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan”, y detalló que se trató de “un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”.

Según el mensaje oficial, “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron en la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se mostró satisfecho con el éxito de la campaña.

"GANANDO: Algunos de los principales narcotraficantes del cártel en el @SOUTHCOM El AOR ha decidido cesar todas las operaciones de narcóticos INDEFINIDAMENTE debido a los recientes ataques cinéticos (altamente efectivos) en el Caribe. Esto se traduce en disuasión mediante la fuerza. @POTUS está SALVANDO vidas estadounidenses", escribió en X.

El más reciente ataque se produce días después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington, donde se reunió con Donald Trump.

Aunque no se revelaron detalles del encuentro, analistas han vinculado el refuerzo de operativos en la región con las crecientes diferencias entre ambos mandatarios en temas como el narcotráfico y la intervención militar.

Una escalada sostenida en el mar

Este nuevo operativo es el primero del mes de febrero y se suma a una serie de ataques que, desde agosto de 2025, han resultado en la muerte de al menos 128 personas, según el balance más reciente proporcionado por fuentes militares estadounidenses.

De ellas, al menos 25 acciones se habrían realizado en el Pacífico y otras 11 en el mar Caribe.

La campaña “Lanza del Sur” fue lanzada oficialmente en septiembre pasado, tras años de tensiones geopolíticas con el régimen de Nicolás Maduro y otros actores señalados por Washington como cómplices del narcotráfico transnacional.

Desde entonces, el Comando Sur ha insistido en que se enfrenta a una “guerra contra narcoterroristas”, aunque hasta ahora no ha ofrecido pruebas concluyentes que confirmen que las embarcaciones atacadas transportaban drogas.

El pasado 23 de enero, un ataque similar dejó otros dos muertos en el Pacífico oriental. Según el comunicado emitido entonces, “la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, y estaba operada por “organizaciones terroristas designadas”.

Críticas y demandas: El debate sobre la legalidad de los ataques

Los ataques han despertado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas e incluso legisladores han cuestionado la legalidad de estas acciones militares, en tanto que no siempre se presentan evidencias claras de la relación de las embarcaciones con el tráfico de drogas o con grupos terroristas.

El 27 de enero, familiares de dos ciudadanos trinitenses, Joseph y Samaroo, muertos en uno de los ataques del año pasado, presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense por “muerte por negligencia”.

La querella se fundamenta en dos instrumentos legales: la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite demandar por homicidios en aguas internacionales, y la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que habilita a ciudadanos extranjeros a demandar en tribunales estadounidenses por violaciones al derecho internacional.

En la denuncia, los familiares alegan que se trató de “asesinatos premeditados e intencionados” que violan tanto la legislación interna de EE.UU. como normas internacionales contra las ejecuciones extrajudiciales.

“Estos asesinatos premeditados e intencionados violan el derecho interno que prohíbe el asesinato y el derecho internacional que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales o la privación arbitraria o ilegal del derecho a la vida”, sostiene el escrito legal.