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Hialeah se ha sumado a otras ciudades de Florida al firmar un acuerdo con las autoridades de inmigración, permitiendo que sus oficiales de policía colaboren con agentes federales en su cruzada contra la inmigración ilegal.
Aunque la cooperación con ICE es técnicamente opcional para los departamentos de policía, muchas agencias en el sur del estado decidieron unirse debido a la incertidumbre sobre las posibles consecuencias de no participar.
El martes, el Concejo Municipal de Hialeah respaldó la decisión de adherirse al programa 287-G.
El alcalde de la ciudad, Esteban Bovo, intentó calmar las preocupaciones de los residentes afirmando que la firma del acuerdo no cambiará la vida cotidiana en Hialeah. "Muchos querrán salir a sembrar el miedo para que todos se pongan nerviosos, pero mañana por la mañana todo seguirá igual en la ciudad", declaró.
Por su parte, Luis Rodríguez, vicepresidente del Ayuntamiento de Hialeah, desmintió afirmaciones de que la policía separará familias de manera activa. "La desinformación será (...) que los bebés llorarán mientras les arrancamos a sus padres de los brazos. Nada de eso", aseguró.
A partir de ahora, los policías locales tendrán potestad para interrogar, arrestar y ejecutar órdenes migratorias.
El jefe de policía de Hialeah, George Fuente, también apoyó el acuerdo. Según dijo, la medida le permitirá capacitar a un número determinado de oficiales en procedimientos migratorios y en la correcta aplicación de los protocolos establecidos por ICE. Además, los agentes tendrán acceso a una base de datos de personas indocumentadas consideradas "detenibles" por el gobierno federal.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación, temiendo que el acuerdo pueda derivar en la persecución injustificada de inmigrantes en la ciudad.
Hialeah se suma así a otras ciudades de Florida, como Davie, Sunny Isles, Palm Beach Gardens y Coral Gables, en la firma de este acuerdo. A nivel estatal, Florida lidera la lista de jurisdicciones que han adoptado la medida, con los departamentos del sheriff de los 67 condados del estado adheridos al programa.
Este acuerdo se enmarca dentro de las nuevas leyes estatales de inmigración promulgadas por el gobernador Ron DeSantis para reforzar las deportaciones masivas.
DeSantis aprobó normas para exigir la participación estatal y local en la aplicación de la ley federal de inmigración, aumentó las penas para los delitos cometidos por ilegales y creó un nuevo delito: entrar a Florida después de llegar ilegalmente al país.
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