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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su objetivo de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros casos, y se lo ha pedido ahora a la Corte Suprema.
Este jueves, en una solicitud de emergencia, la administración Trump pidió a los jueces que limitaran el impacto de las decisiones de tribunales inferiores que anteriormente rechazaron una orden ejecutiva que negaba la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Se trata de las órdenes judiciales emitidas por jueces federales de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington, que bloquearon una orden firmada por Trump el mismo 20 de enero, horas después de comenzar su actual mandato.
En sus apelaciones de emergencia, el Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales no tienen poder para dar efecto nacional a sus sentencias.
"Las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual", cuestiona la apelación presentada a la Corte Suprema.
"Esas órdenes judiciales universales prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, en relación con 'cientos de miles' de individuos no especificados que 'no están ante el tribunal ni identificados por el tribunal'", agrega.
La orden de Trump busca reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen".
Si se implementa la política del mandatario, el Departamento de Estado no podrá emitir pasaportes a niños nacidos después del 19 de febrero de padres indocumentados, y se restringiría su reconocimiento como ciudadanos por parte de la Administración de la Seguridad Social, lo cual dificultaría su acceso a derechos básicos y su capacidad para trabajar legalmente en el país.
También se prohibiría a las agencias estadounidenses emitir cualquier certificación o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía a esos niños.
La administración ha pedido "como mínimo" que la autoricen a hacer anuncios públicos sobre cómo piensa ejecutar la política si entrara en vigor.
Trump sostiene que la ciudadanía por derecho de nacimiento no fue concebida "para que todo el mundo llegara y se amontonara en Estados Unidos" y califica de "ridículo" que se le de la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en el territorio.
Durante más de 150 años la jurisprudencia estadounidense ha reconocido el principio de ius soli (derecho de suelo), al interpretar el texto de la 14ª Enmienda como la vía legítima de garantizar la ciudadanía a todos los nacidos en el país, con independencia de la condición migratoria de sus padres.
Algunos conservadores critican esa postura y recuerdan que la citada Enmienda señala dos requisitos para acceder al beneficio: nacer en el país y estar "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos. Según esa teoría, los indocumentados están sujetos a la jurisdicción de sus países de origen.
Hasta el momento, más de 20 estados, además de personas y grupos, han demandado la orden ejecutiva de Trump, acusándola de violar la 14ª Enmienda.
En su apelación, el gobierno pide que el plan del presidente entre en vigor para todos, excepto para esas personas y grupos que lo demandaron, ya que -alega la administración- los estados carecen del derecho legal o legitimación para impugnar la orden ejecutiva.
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