El presidente Donald Trump tiene planes de endurecer radicalmente las sanciones contra los inmigrantes indocumentados que han recibido órdenes finales de deportación.
Según documentos revisados por la agencia Reuters, estos planes incluyen multas diarias de hasta 998 dólares por día para quienes no abandonen voluntariamente Estados Unidos, así como la posibilidad de confiscar sus propiedades si no pagan dichas multas.
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Las sanciones se basan en una disposición legal que data de 1996, aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump.
De acuerdo con un alto funcionario del presidente, que solicitó el anonimato por tratarse de planes aún no públicos, la nueva administración tiene la intención de aplicar retroactivamente estas multas hasta por cinco años, lo que en algunos casos podría suponer deudas de más de un millón de dólares.
Aplicación y mecanismos de sanción
Los correos electrónicos internos del gobierno revisados por Reuters indican que la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para implementar el sistema de multas, así como para encargarse de la confiscación y venta de bienes de inmigrantes que no puedan o no quieran pagar.
También se menciona la posible participación de la división de decomiso de activos civiles del Departamento de Justicia, lo que permitiría un marco legal para proceder con las incautaciones.
La implantación de la posible medida ha sido celebrada de inmediato en redes por sectores conservadores.
Otros han reaccionado con estupor o con burlas del estilo: "¿Y si no pagan no lo dejan salir?", cuestionando lo que muchos consideran una medida poco realista.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, explicó a Reuters en un comunicado que los inmigrantes indocumentados deberían utilizar la aplicación móvil CBP Home para abandonar voluntariamente el país.
“Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, advirtió.
“Esto incluye una multa de $998 por día por cada día que el inmigrante indocumentado sobrepase el plazo de su orden final de deportación”, añadió.
El DHS ya había advertido sobre estas multas en una publicación realizada en redes sociales el pasado 31 de marzo.
Presión política y conflictos internos
Desde la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas, han liderado la presión para que la CBP asuma el control del sistema de sanciones.
No obstante, un memorando de la CBP emitido el 1 de abril sugiere que la tarea debería recaer en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), citando que los sistemas actuales de la CBP no están preparados técnicamente para gestionar estas multas.
La actualización tecnológica implicaría costos elevados y retrasos considerables.
Además, se estima que serían necesarios al menos 1,000 nuevos especialistas paralegales, un incremento sustancial respecto a los 313 actuales.
Impacto potencial en millones de inmigrantes y sus familias
Las nuevas medidas apuntan directamente a los 1,4 millones de migrantes que tienen una orden de deportación emitida por un juez de inmigración.
Sin embargo, muchas de estas personas ya están integradas en la sociedad estadounidense, con familias, empleos y otros vínculos profundos.
El grupo FWD.us, defensor de los derechos de los inmigrantes, advirtió que estas políticas podrían impactar severamente a los aproximadamente 10 millones de inmigrantes sin estatus legal que viven en hogares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, conocidos como “hogares de estatus mixto”.
Además, según un análisis del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista, el 26% de los hogares con inmigrantes no autorizados vive por debajo de la línea de pobreza federal, lo que haría que estas multas fueran prácticamente imposibles de pagar para muchas familias.
Críticas y posibles desafíos legales
El enfoque punitivo ha sido ampliamente criticado por expertos y exfuncionarios.
Scott Shuchart, quien se desempeñó como alto funcionario de políticas en ICE durante la administración de Biden, afirmó que estas multas podrían ser impugnadas legalmente, pero que su propósito va más allá de la aplicación de la ley.
“Su objetivo no es realmente hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades”, aseguró.
Cabe destacar que el presidente Joe Biden suspendió estas sanciones al asumir la presidencia en 2021, y las rescindió formalmente como parte de un viraje en la política migratoria.
Aunque la fecha de inicio de estas sanciones aún no ha sido anunciada oficialmente, y el DHS no ha ofrecido más comentarios sobre su implementación o el papel específico de Stephen Miller, los planes representan una escalada significativa en la política migratoria de Trump.
La aplicación retroactiva, la amenaza de incautación de bienes y las elevadas multas sugieren una estrategia que busca desalentar permanentemente la permanencia de inmigrantes indocumentados.
Preguntas frecuentes sobre las multas a inmigrantes indocumentados en EE.UU.
¿Cuánto deberán pagar los inmigrantes indocumentados que no se autodeporten de EE.UU.?
Los inmigrantes indocumentados deberán pagar una multa de 998 dólares por día si no abandonan voluntariamente Estados Unidos tras recibir una orden final de deportación. Esta medida se basa en una disposición legal de 1996, que busca desalentar la permanencia de inmigrantes indocumentados en el país.
¿Qué otras sanciones enfrentarán los inmigrantes si no pagan las multas?
Además de las multas diarias, las propiedades de los inmigrantes podrían ser confiscadas si no cumplen con el pago de las sanciones. La Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para implementar este sistema de multas, así como para encargarse de la confiscación y venta de bienes de quienes no puedan o no quieran pagar.
¿Cómo pueden los inmigrantes notificar su salida voluntaria de EE.UU.?
Para notificar su salida voluntaria, los inmigrantes indocumentados pueden utilizar la aplicación móvil CBP Home. Esta herramienta permite a los inmigrantes en situación irregular informar a las autoridades sobre su decisión de salir del país de manera ordenada, evitando consecuencias más severas.
¿Cuál es el impacto potencial de estas medidas en las familias de inmigrantes?
Las políticas de multas y sanciones podrían afectar severamente a los aproximadamente 10 millones de inmigrantes sin estatus legal que viven en hogares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Muchas de estas familias ya están integradas en la sociedad estadounidense, y la imposición de multas tan elevadas podría resultar en dificultades económicas significativas.
¿Qué dicen los críticos sobre esta política de multas a inmigrantes indocumentados?
Los críticos argumentan que estas multas podrían ser impugnadas legalmente y que su verdadero objetivo es proyectar miedo en las comunidades de inmigrantes. Expertos y exfuncionarios han señalado que el enfoque punitivo de estas medidas busca desalentar la presencia de inmigrantes indocumentados mediante el temor y la presión económica.
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