El régimen cubano ha lanzado una ofensiva institucional contra las personas en situación de calle, los llamados “asediadores” de turistas y el empleo de menores en trabajos, según un comunicado publicado por el portal oficial del gobierno de Matanzas.
Marieta Poey Zamora, Gobernadora de la provincia, ordenó la creación inmediata de grupos multisectoriales en todos los municipios para enfrentar lo que definió como “conductas negativas”, entre ellas el deambulismo, el asedio a visitantes extranjeros y la explotación laboral infantil, tanto en el sector estatal como privado.
Poey urgió a las autoridades a identificar, controlar, transportar y “recepcionar” a estas personas en centros temporales, donde —según detalló— se les brindará atención alimentaria, higiénica, médica y actividades culturales o deportivas.
No obstante, las declaraciones gubernamentales no incluyen cifras sobre cuántas personas podrían verse afectadas ni si habrá algún tipo de proceso voluntario o legal para tales intervenciones.
La gobernadora recalcó que el objetivo final debe ser la reinserción familiar y social de los afectados, y planteó incluso la posibilidad de ofrecer apoyo económico estatal a quienes logren volver al seno familiar.
En el caso de personas con trastornos mentales, señaló que deberán ser recluidas en centros hospitalarios, incluido el psiquiátrico.
Por su parte, Lázaro González Valera, titular provincial de Trabajo y Seguridad Social, recordó que todas estas acciones están “respaldadas por leyes y decretos”, y recordó el documento legal que tipifica como contravenciones conductas como el asedio sistemático a turistas o el abandono familiar.
Uno de los puntos más críticos del anuncio fue la advertencia sobre el empleo de menores de 17 años, considerado una violación grave, ya sea en negocios estatales o privados.
Entre las actividades mencionadas están trabajos agrícolas, manipulación de vehículos, coches y carretones, o comercio ambulante.
La autoridad advirtió que estos casos serán severamente penalizados.
Finalmente, los denominados Grupos de Enfrentamiento a conductas negativas —estructuras locales de vigilancia y control— actuarán “a máxima potencia” en cada circunscripción para investigar y sancionar estas situaciones, según dijo la gobernadora.
Desde mediados de 2024, el gobierno cubano comenzó a reforzar su narrativa institucional sobre la creciente presencia de personas sin hogar en las calles del país.
Por ejemplo, en junio se anunció una actualización de la política estatal para atender a las personas deambulantes, con énfasis en su reubicación forzosa en centros de protección social.
Esta medida, impulsada por el Consejo de Ministros, ratificó la responsabilidad de los gobiernos locales en la prevención y control del deambulismo, mientras se justificaba la acción como parte de una respuesta a la "inestabilidad de conducta" de quienes viven en la calle.
En marzo pasado, el régimen comenzó a desplazar la responsabilidad del fenómeno de la mendicidad hacia la ciudadanía.
El discurso gubernamental insistía en que "la conducta deambulante" era consecuencia de adicciones o malas decisiones familiares, ignorando deliberadamente las causas estructurales como la inflación, el desabastecimiento o el deterioro del sistema social. La crítica apuntaba a que el régimen utilizaba un enfoque de control social más que de asistencia efectiva.
Además, la prensa oficialista intensificó su campaña mediática atribuyendo el aumento de mendigos a "problemas personales" como el alcoholismo, el abandono familiar o los trastornos mentales.
En lugar de reconocer la crisis estructural del modelo económico, el régimen prefería visibilizar una narrativa centrada en los fallos individuales.
Recientemente, el gobierno ha intentado presentar como logros los "rescates" de mendigos mediante campañas de recogida en las calles. Se exaltaban testimonios de personas llevadas a centros de acogida y se obviaban los elementos coercitivos del proceso.
El uso de medios estatales para legitimar esta política fue percibido como una operación de lavado de imagen, más que un esfuerzo sincero por atender las causas profundas de la marginalidad.
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