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Un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) se manifestó en contra de un acuerdo firmado entre esa institución y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitiría a la policía universitaria recibir entrenamiento para implementar leyes migratorias en el campus.
Los conflictos comenzaron cuando la administración Trump revocó las visas F-1 de 18 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida (FIU) entre el 25 de marzo y el 10 de abril de 2025, como parte del acuerdo con ICE que forma parte del Programa 287(g).
Este convenio permite a la policía del campus actuar como agentes migratorios, incluyendo interrogatorios y detenciones. La medida ha generado preocupación entre la comunidad académica, ante el temor de que los campus se conviertan en espacios de control migratorio.
La presidenta de FIU justificó el cambio alegando la necesidad de priorizar recursos para residentes legales del estado.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo entre miembros de la comunidad académica, pues consideran que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes, especialmente aquellos con estatus migratorio vulnerable.
Especialmente destacan que, bajo este programa, los agentes policiales del campus no solo podrían interrogar, sino también detener y deportar a los estudiantes si sospechan que su situación migratoria es irregular.
Las protestas ocurrieron frente al edificio donde se reunía la junta directiva de FIU, que analiza un cambio en la regulación institucional. De ser aprobado se le permitiría a agentes federales acceder a los récords académicos de los estudiantes.
Este acuerdo se da en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas en el estado de Florida, en cumplimiento con las directrices del gobernador Ron DeSantis y de la Administración Trump.
Para muchos, la colaboración entre universidades públicas e ICE representa un nuevo ataque a la educación superior y un factor que podría desalentar la presencia de estudiantes internacionales y migrantes en las instituciones educativas del estado.
La preocupación se extiende también a estudiantes beneficiarios de programas como DACA, quienes ya han comenzado a enfrentar consecuencias tangibles como la pérdida de becas académicas y la incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios en un ambiente que perciben como hostil.
La comunidad universitaria espera que las autoridades de FIU reconsideren la puesta en marcha de esta colaboración, en defensa de un entorno académico seguro, inclusivo y enfocado en el aprendizaje.
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