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La administración del presidente Donald Trump presentó este jueves una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de anular un fallo judicial que impide la cancelación anticipada del programa de parole humanitario, el cual otorga estatus legal temporal a más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El programa, instaurado durante la administración del presidente Joe Biden, permitía a personas de estos países ingresar a EE.UU. por vía aérea con respaldo financiero y residir legalmente durante dos años con autorización para trabajar; pero fue de los primeros programas revertidos por Trump al llegar a la Casa Blanca.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 530,000 migrantes se beneficiaron de esta política desde finales de 2022.
El gobierno de Trump, que retomó el poder en enero de 2025, sostiene que la decisión del tribunal de distrito de Boston —que bloqueó la eliminación masiva del programa— interfiere con su autoridad ejecutiva en materia de inmigración y política exterior.
El fallo, emitido por la jueza Indira Talwani, señala que el gobierno no puede revocar de manera generalizada el parole humanitario sin una revisión individual de cada caso, como exige la ley.
“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones más significativas de esta administración en política migratoria”, indicó el procurador general John Sauer en la presentación judicial.
La administración argumenta que mantener el programa vigente socava los esfuerzos federales para disuadir el cruce irregular de fronteras y dificulta la aplicación acelerada de deportaciones.
La Corte Suprema dio plazo hasta el 15 de mayo a los demandantes —un grupo de migrantes beneficiarios del programa y sus patrocinadores— para responder a la apelación del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes calificaron la intención de eliminar el parole como “injustificada” y “devastadora”, alertando que dejaría a cientos de miles de personas trabajadoras en riesgo de perder su estatus legal y quedar expuestas a la deportación.
Entre los afectados están miles de cubanos que no han cumplido el año y un día en el país, requisito indispensable para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y obtener su residencia permanente.
Esta solicitud ante la Corte Suprema se suma a una serie de acciones del gobierno de Trump orientadas a revertir políticas migratorias implementadas bajo el mandato de Biden, quien utilizó el parole humanitario como una herramienta clave para ofrecer vías legales de entrada al país y reducir la presión en la frontera sur.
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