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En una medida que afectará a miles de inmigrantes, la administración de Donald Trump ha pausado discretamente el procesamiento de solicitudes de residencia permanente de personas que ya fueron aprobadas como refugiados o a quienes se les concedió asilo en Estados Unidos.
Según reveló CBS News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) instruyó a sus funcionarios a suspender la tramitación de los formularios para obtener la “green card” de quienes cuentan con protección humanitaria.
La orden responde a un esfuerzo más amplio por aumentar los controles y vetos migratorios dentro del país, como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.
La decisión deja en un limbo legal a miles de inmigrantes que ya demostraron, mediante un proceso riguroso, que serían perseguidos en sus países de origen por motivos de raza, religión u opinión política.
Tanto los refugiados como los asilados deben pasar por extensas revisiones de seguridad, entrevistas y exámenes médicos antes de recibir la aprobación para permanecer legalmente en EE.UU.
Según la fuente citada, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la suspensión temporal, señalando que se implementa para dar cumplimiento a dos acciones ejecutivas firmadas por el mandatario, las cuales ordenan revisar a fondo los procedimientos de verificación adoptados durante la administración Joe Biden.
"USCIS está aplicando una pausa temporal en la finalización de ciertas solicitudes de ajuste de estatus mientras se completan procesos adicionales de verificación de identidad, seguridad nacional y prevención del fraude", indicó la agencia.
Una de las órdenes ejecutivas citadas instruye a las agencias federales a “vetar y examinar al máximo a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos o ya estén dentro de Estados Unidos”.
La otra habilita al Departamento de Estado a designar como organizaciones terroristas a carteles mexicanos y pandillas como el Tren de Aragua.
Esta pausa es el más reciente intento de la administración Trump por frenar la inmigración legal mediante restricciones basadas en supuestas amenazas a la seguridad nacional.
Ya el mes pasado, el gobierno había detenido las solicitudes migratorias de ciudadanos de América Latina y Ucrania que llegaron bajo programas humanitarios impulsados por Biden.
Además, se notificó a más de medio millón de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tendrían 30 días para abandonar el país voluntariamente o enfrentarse a la deportación.
La administración alega que estos extranjeros fueron “poco verificados” y que los programas están plagados de irregularidades.
Entre otras medidas, las autoridades han anunciado una vigilancia más estricta sobre las redes sociales de quienes apliquen a beneficios migratorios, incluyendo ciudadanía, residencia permanente y asilo.
Los solicitantes deberán proporcionar sus cuentas personales para ser revisadas como parte del proceso de verificación de identidad.
Antes de la decisión más reciente de la administración Trump de pausar los trámites de residencia para refugiados y asilados, ya se habían adoptado medidas que golpearon con fuerza a los beneficiarios del parole humanitario en Estados Unidos.
El miércoles pasado, se conoció que el gobierno estadounidense detuvo el procesamiento de solicitudes de residencia de decenas de miles de migrantes acogidos a este programa, debido a preocupaciones de seguridad y fraude detectadas en solicitudes tramitadas durante la administración Biden.
Dos días después, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la revocación oficial del estatus legal de los beneficiarios del parole, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14165 firmada por Donald Trump.
La revocación afecta a más de 530,000 personas, entre ellas cerca de 111,000 cubanos, quienes perderán su autorización de permanencia y empleo si no poseen otra vía legal para regularizar su situación migratoria.
Un día después, la Casa Blanca lanzó una advertencia directa a los afectados, instándolos a autodeportarse mediante una aplicación digital habilitada por el gobierno.
La vocera presidencial señaló que quienes no tengan base legal deberán abandonar el país de forma voluntaria o enfrentar procedimientos de expulsión acelerada. Estas acciones forman parte de un plan para desmantelar los programas migratorios implementados por Biden, considerados por Trump como un abuso de la autoridad ejecutiva.
Las organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han reaccionado con preocupación ante estas decisiones. El domingo pasado, Amnistía Internacional criticó con dureza la eliminación del parole humanitario, calificándola como una muestra del desprecio del gobierno de Trump por los derechos humanos.
La ONG advirtió sobre las consecuencias devastadoras que esta medida tendrá para cientos de miles de migrantes, entre ellos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que llegaron a EE.UU. escapando de graves crisis en sus países de origen.
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