El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una nueva orden ejecutiva de gran alcance en materia migratoria que autoriza la confiscación de bienes a inmigrantes ilegales que no se autodeporten.
La medida -llamada “Proyecto de Regreso a Casa”- establece severas sanciones para los indocumentados que no salgan voluntariamente del país.
Quienes decidan permanecer ilegalmente en EE.UU., advirtió, pueden enfrentar la expulsión, el enjuiciamiento, el encarcelamiento y las multas, de acuerdo con la legislación aplicable para los delitos relacionados con la inmigración.
Asimismo, añadió que se embargarán los salarios, ahorros y bienes personales, incluyendo viviendas y vehículos.
La nueva resolución contempla que todos los vuelos proporcionados a los inmigrantes ilegales que abandonen voluntaria y permanentemente Estados Unidos, serán financiados por el Gobierno Federal.
Además, se les otorgará incentivos económicos en forma de "prima de salida" a cada extranjero que decida por sí mismo salir del país.
Aunque no especificó el monto, esta semana Trump anunció que entregaría 1,000 dólares a cada inmigrante en situación irregular que desee regresar de manera voluntaria a su país de origen.
La orden "Proyecto de Regreso a Casa" también instruye al Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional para crear un servicio de conserjería mediante el cual cualquier extranjero presente ilegalmente en Estados Unidos pueda llegar a un aeropuerto, con o sin los documentos de viaje apropiados, reservar un viaje en avión para trasladarse permanentemente a otro país y reclamar la bonificación de salida de mil dólares.
El proceso de autodeportación se implementará por la aplicación "CBP Home", que permitirá a los migrantes salir del país de manera rápida y sin complicaciones.
La medida incluye una redada nacional sin precedentes contra inmigrantes indocumentados, con el despliegue de más de 20,000 agentes de refuerzo en todo el territorio estadounidense para ejecutar operaciones de detención y deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá incrementar su fuerza de cumplimiento migratorio con al menos 20,000 nuevos agentes, incluyendo personal retirado de agencias federales, policías estatales y contratistas especializados.
Esta fuerza se encargará de intensificar las operaciones de detención en barrios, lugares de trabajo, terminales de transporte y zonas fronterizas.
La administración Trump argumenta que la permanencia de indocumentados en EE.UU. ha generado más de 150 mil millones de dólares en gastos públicos anuales, debido a servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, y costos relacionados con la criminalidad.
El presidente argumenta que el nuevo plan podría reducir drásticamente esos gastos mediante una combinación de expulsiones forzadas e incentivos para la salida voluntaria.
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