El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una nueva orden ejecutiva de gran alcance en materia migratoria que autoriza las redadas masivas contra migrantes a través del despliegue de más de 20 mil agentes por todo el país.
La medida -llamada “Proyecto de Regreso a Casa”- contempla una redada nacional sin precedentes contra inmigrantes indocumentados, con el despliegue de más de 20,000 agentes de refuerzo en todo el territorio estadounidense para ejecutar operaciones de detención y deportación.
“Los inmigrantes ilegales enfrentan ahora una elección clara: irse voluntariamente con ayuda financiera, o quedarse y sufrir las consecuencias”, afirmó Trump al anunciar la orden, que también introduce un programa de autodeportación respaldado por el gobierno federal.
La medida establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá incrementar su fuerza de cumplimiento migratorio con al menos 20,000 nuevos agentes, incluyendo personal retirado de agencias federales, policías estatales y contratistas especializados.
Esta fuerza se encargará de intensificar las operaciones de detención en barrios, lugares de trabajo, terminales de transporte y zonas fronterizas.
Según el texto oficial, los inmigrantes indocumentados podrán acogerse a una salida voluntaria financiada por el gobierno, accediendo a vuelos gratuitos gestionados mediante la aplicación “CBP Home” y recibiendo una “bonificación de salida” como incentivo económico.
Para aquellos que opten por quedarse en el país sin estatus legal, el gobierno advierte que serán objeto de expulsión inmediata, enjuiciamiento por delitos migratorios, encarcelamiento y multas, embargo de salarios y confiscación de bienes personales, incluidos casas y vehículos.
El comunicado oficial de la Casa Blanca sostiene que, durante los últimos cuatro años, Estados Unidos ha enfrentado una “invasión a gran escala” de inmigrantes ilegales, a quienes responsabiliza de generar "delincuencia, vagancia, violencia y muerte" en múltiples comunidades.
La administración Trump argumenta que la permanencia de indocumentados en EE.UU. ha generado más de 150 mil millones de dólares en gastos públicos anuales, debido a servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, y costos relacionados con la criminalidad.
El presidente considera que el nuevo plan podría reducir drásticamente esos gastos mediante una combinación de expulsiones forzadas e incentivos para la salida voluntaria.
Críticos de la medida ya han comenzado a cuestionar la legalidad y la viabilidad del plan, al considerar que podría generar perfiles raciales, violaciones de derechos humanos y una crisis humanitaria.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de migrantes se preparan para una nueva oleada de redadas, particularmente en estados con alta población inmigrante como California, Texas y Florida.
La orden ejecutiva, firmada el 9 de mayo de 2025, representa el endurecimiento más agresivo de la política migratoria en décadas.
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