Zar de la Frontera lanza duro mensaje a inmigrantes ilegales en EE. UU.

Tom Homan, "Zar de la Frontera", advierte a inmigrantes indocumentados en EE. UU. sobre las consecuencias de no autodeportarse, como arrestos y prohibiciones de reingreso, destacando el programa CBP Home.



Colombianos se autodeportan / Tom Homan © Captura de imagen Telemundo 51 / Face the Nation
Colombianos se autodeportan / Tom Homan Foto © Captura de imagen Telemundo 51 / Face the Nation

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Este artículo es de hace 1 año

En un tono desafiante y con claras advertencias, Tom Homan, conocido como el "Zar de la Frontera" del gobierno de Donald Trump, envió un mensaje directo a los inmigrantes indocumentados que permanecen en Estados Unidos.

"No estamos jugando. Habrá consecuencias. Márchate por tu cuenta", fueron sus declaraciones en una entrevista reciente con Fox News, en la que detalló las medidas coercitivas que se están implementando contra quienes no se acojan voluntariamente al nuevo programa de autodeportación impulsado por la Casa Blanca.

Un mensaje claro: Autodeportarse o enfrentar castigos

“Si no lo hacen, se enfrentarán a consecuencias serias”, afirmó Homan. Reiteró que el gobierno ha comenzado a aplicar leyes migratorias que durante mucho tiempo no se habían hecho cumplir de forma estricta.

Entre las acciones destacadas se encuentra la persecución penal de aquellos que incumplan con los plazos de registro o no colaboren con las autoridades migratorias tras una orden de deportación.

“Vamos a juzgarte, vamos a ponerte en la cárcel, y cuando salgas, te deportaremos”, sentenció.

Su discurso, plagado de advertencias sobre arrestos, sanciones y prohibiciones permanentes de reingreso a Estados Unidos, busca presionar a los inmigrantes indocumentados para que opten por salir del país por su cuenta.

"Hay consecuencias, pero si trabajas con nosotros, tiene sentido para ti y tu familia", dijo.

El primer vuelo de autodeportación marca un nuevo rumbo

Estas declaraciones se producen tras el lanzamiento del programa CBP Home, una iniciativa que promueve la “autodeportación voluntaria” con incentivos económicos y una promesa de reintegración futura.

Este lunes partió desde Houston, Texas, el primer vuelo chárter bajo este esquema, con 64 migrantes a bordo: 38 hondureños y 26 colombianos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los participantes recibieron 1,000 dólares cada uno, además de asistencia logística para su regreso a los países de origen.

Noem también advirtió que quienes no se sumen al programa “enfrentarán multas, arresto, deportación y nunca podrán regresar”. Su mensaje fue claro: “Depórtese usted mismo ahora y preserve su oportunidad de regresar potencialmente de la manera legal y correcta”.

Repatriación “voluntaria” bajo presión gubernamental

A pesar de presentarse como una vía “digna y voluntaria”, el contexto y el lenguaje utilizados por las autoridades dibujan una realidad más coercitiva.

Las consecuencias para quienes decidan quedarse incluyen no solo deportación forzosa, sino también sanciones legales, encarcelamiento y vetos de ingreso que pueden extenderse de cinco años a la prohibición permanente de entrada al país.

El enfoque se apoya en un sistema de “colaboración o castigo”, que contrasta la promesa de futuros beneficios migratorios con la amenaza de represión legal.

“Si no abres la puerta, si no respondes nuestras preguntas, si no asistes a realizar los documentos de viaje a tu nación… vamos a perseguirte”, remarcó el zar fronterizo.

Incentivos y apoyo de gobiernos extranjeros

Tanto Honduras como Colombia han articulado programas de reintegración para sus ciudadanos retornados. Los hondureños fueron recibidos por la iniciativa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, que otorga un bono adicional de 100 dólares, cupones de alimentos y ayuda para encontrar empleo.

En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social ofrecieron servicios sociales de acogida.

Este nuevo capítulo en la política migratoria de Trump coincide con otras medidas restrictivas, como la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular una orden judicial que protegía el Estatus de Protección Temporal (TPS) de ciudadanos venezolanos, dejando a más de 350,000 personas en situación de incertidumbre.

Además, se encuentra en revisión judicial la continuidad del programa CHNV, que permitió la entrada por razones humanitarias de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

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