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En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump ha ejecutado el primer vuelo de autodeportación como parte del polémico programa CBP Home.
Según anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, un grupo de 64 migrantes -38 hondureños y 26 colombianos- regresaron este lunes voluntariamente a sus países de origen en un vuelo que partió desde la ciudad de Houston, en Texas.
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Este vuelo representa el inicio de una nueva estrategia impulsada por la Casa Blanca para acelerar la salida de migrantes indocumentados que se encuentran en territorio estadounidense, ofreciendo incentivos financieros y promesas de una eventual vía legal para retornar en el futuro.
Un retorno “voluntario” bajo presión
"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó hoy su primer vuelo chárter con 64 personas que decidieron voluntariamente autodeportarse a sus países de origen", declaró Noem, quien compartió imágenes del vuelo en su cuenta oficial en X.
Aunque el programa se presenta como una oportunidad de regreso digno y voluntario, las declaraciones de Noem incluyen un tono coercitivo.
En el mismo comunicado, advirtió que quienes no se sumen a este programa estarán expuestos a consecuencias severas “multas, arresto, deportación y nunca podrán regresar”.
“Depórtese usted mismo ahora y preserve su oportunidad de regresar potencialmente de la manera legal y correcta”, concluyó Noema en un mensaje claro hacia quienes aún permanecen en el país sin documentación.
Incentivos económicos y apoyo institucional
Los inmigrantes que participaron en este primer vuelo no solo contaron con el respaldo logístico del DHS, sino que también recibieron incentivos económicos.
Según el gobierno estadounidense, cada persona recibió un estipendio de 1,000 dólares, además de asistencia durante el viaje.
Todos ellos “preservaron” la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos en algún momento, aunque no se especificaron los mecanismos legales exactos para hacerlo ni si evitarían las sanciones legales establecidas.
Por otro lado, los gobiernos de Honduras y Colombia también participaron en el proceso de reintegración.
Los 38 hondureños beneficiarios fueron acogidos por el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, una iniciativa del gobierno de Tegucigalpa, que incluye un bono adicional de 100 dólares para mayores de 18 años, cupones de alimentos y asistencia para encontrar empleo.
En el caso colombiano, los 26 retornados fueron recibidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que facilitaron servicios sociales de acogida y acompañamiento.
Una advertencia a la comunidad indocumentada
La administración Trump ha dejado claro que este es solo el inicio de una ofensiva más amplia contra los inmigrantes en situación irregular.
El mensaje es doble: Quienes cooperen recibirán asistencia y la esperanza de un regreso legal; quienes no, enfrentarán todo el peso del aparato migratorio.
Este enfoque busca redibujar la estrategia migratoria bajo la premisa de autodeportación, una táctica que si bien ha sido utilizada en el pasado en otras formas, ahora se presenta como un pilar visible de la política de Trump.
La implementación de este programa ocurre al mismo tiempo que la Corte Suprema anuló una orden judicial que bloqueaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una decisión que ha dejado a aproximadamente 350,000 migrantes en situación de vulnerabilidad.
Desde la administración Trump, se argumentó que mantener el TPS para Venezuela va “en contra del interés nacional” de Estados Unidos, y que decisiones de esta índole no deben estar en manos del poder judicial. La falta de una resolución definitiva ha sumido a miles de migrantes en una situación incierta.
Actualmente, migrantes de 16 países se benefician del Estatus de Protección Temporal, incluyendo cerca de 200,000 salvadoreños. La incertidumbre generada por las últimas decisiones judiciales y políticas representa una amenaza directa para su permanencia en el país.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo evalúa una apelación relacionada con la cancelación del programa CHNV, que permitió la entrada de aproximadamente 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por razones humanitarias.
Una política migratoria cada vez más restrictiva
El primer vuelo de autodeportación bajo la presidencia de Trump y el avance en la eliminación del TPS marcan una intensificación de la política migratoria de línea dura que ha caracterizado su mandato.
Con incentivos por un lado y amenazas por otro, el gobierno estadounidense redefine la frontera entre la “voluntariedad” y la coacción.
Aunque las citada iniciativa ofrece recursos temporales a quienes deciden irse, la falta de claridad legal y la retórica punitiva siembran dudas sobre su verdadero carácter humanitario.
Para cientos de miles de migrantes, el futuro en Estados Unidos pende de un hilo cada vez más frágil.
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