Los pastores cubanos Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, miembros de la Iglesia de las Asambleas de Dios, fueron detenidos en la Isla de la Juventud tras intervenir en el juicio militar contra su hijo, Kevin Lay Laureido Rojas, acusado de evadir el Servicio Militar Obligatorio.
Durante la audiencia, los pastores presentaron pruebas médicas oficiales que acreditaban la incapacidad psiquiátrica del joven para cumplir con el servicio, relató la internauta Yaiset Rodríguez, quien cursa Estudios Bíblicos, en Facebook.
A pesar de ello, según testigos, el tribunal desestimó los documentos, y la tensión aumentó cuando los pastores rechazaron la acusación de que sus argumentos eran falsos.
El pastor Borjas declaró que estaban siendo víctimas de una injusticia y advirtió a la fiscal que también deberían rendir cuentas ante “la justicia de Dios”.
Fue entonces cuando la fiscalía calificó esas palabras como un acto de desacato y desobediencia, y ordenó su detención.
La fiscalía militar solicita una pena de ocho años de prisión para ambos padre por haber mencionado a Dios en el tribunal, alegando que “la justicia divina no tiene cabida en una corte militar”, explicó Rodríguez.
Roxana Rojas fue liberada horas después por razones médicas, ya que padece una enfermedad cardíaca crónica que requiere chequeos regulares.
Su esposo, sin embargo, permanecía detenido en una celda policial, incomunicado y sin acceso a alimentos o visitas familiares, al cumplirse 24 horas de su arresto.
El joven Kevin había sido declarado no apto para el servicio por una comisión médica; y a pesar de ello fue incorporado forzosamente y terminó escapando del centro militar.
Actualmente enfrenta una condena de hasta cuatro años de prisión.
La página oficial de las Asambleas de Dios en Cuba hizo pública una solicitud de oración por los pastores y su hijo, y expresó su esperanza de que todo se trate de un “malentendido”.
El caso ha reavivado el debate sobre el Servicio Militar Obligatorio en Cuba, un sistema que ha sido vinculado a tragedias, suicidios y accidentes fatales.
A pesar de estas consecuencias, desde 2023 el Código Penal Militar castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes intenten evadirlo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado la criminalización de la objeción de conciencia y la falta de transparencia en procesos militares como el que ahora enfrenta esta familia pastoral en la Isla de la Juventud.
El juicio contra los pastores está programado para el 9 de junio.
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