El Gobierno de España reactivó el debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una propuesta que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente residen en el país sin documentación.
Esta iniciativa, promovida inicialmente como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), llevaba más de un año paralizada en el Congreso a pesar de haber sido respaldada por más de 600,000 firmas y el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil.
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La propuesta tomó nuevo impulso tras la redacción de un proyecto de ley por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que contempla un "régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo", según El Mundo.
Esta normativa ofrecería permisos de residencia y trabajo a extranjeros que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan con una serie de requisitos aún por definir en un decreto posterior.
El nuevo texto no solo busca desbloquear la ILP original, sino también complementar la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde este 20 de mayo.
Según cifras oficiales, este reglamento permitirá regularizar la situación de unos 900,000 migrantes en tres años, mediante mecanismos como el arraigo sociolaboral y formativo, visados especiales y facilidades para la reagrupación familiar.
Sin embargo, el propio Ejecutivo ha reconocido que la reforma no será suficiente para dar cobertura a todas las personas en situación vulnerable o con solicitudes de asilo desestimadas.
Una deuda pendiente con la realidad social
Desde el Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, celebró que el asunto "vuelva a coger velocidad de crucero" y destacó la importancia de dar respuesta a una realidad social que ya no puede ser ignorada.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subrayó que muchas de estas personas llevan años trabajando y aportando a la economía en sectores como el cuidado de mayores, el trabajo doméstico, el campo o la construcción, sin ningún tipo de protección legal ni laboral.
Migrantes en situación irregular denunciaron en 20 Minutos que "no tener papeles es la ruina", reflejando la precariedad y el miedo constante que supone vivir sin documentación en España. Para muchos, la posibilidad de regularización representa no solo una vía para obtener derechos básicos, sino también una oportunidad de integrarse plenamente en la sociedad española.
La posibilidad de regularización representa, para muchos, no solo una vía para obtener derechos básicos, sino también una oportunidad de integrarse plenamente en la sociedad española.
Negociaciones y tensiones políticas
La tramitación del nuevo texto legislativo no está exenta de tensiones entre los distintos grupos parlamentarios. Desde Sumar, su portavoz Verónica Martínez Barbero valoró positivamente el cambio de rumbo del PSOE, pero advirtió que su formación propondrá un calendario más acelerado y una ampliación del marco temporal hasta la fecha de entrada en vigor de la norma.
Podemos, por su parte, mostró menos entusiasmo. Su secretaria general, Ione Belarra, criticó que el Gobierno no opte por un real decreto, como ocurrió con la regularización realizada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Además, negó la existencia de una negociación abierta entre su formación y el Ejecutivo actual, al que tildó de "Gobierno de la guerra".
¿Qué sigue ahora?
La propuesta será debatida en ponencia en la Cámara Baja, donde los partidos deberán cerrar los detalles antes de que pase a Comisión y, posteriormente, al Pleno del Congreso.
En caso de ser aprobada, marcaría un hito en la política migratoria española, al reconocer los derechos de una población hasta ahora invisibilizada y ofrecer un camino legal a cientos de miles de personas que ya son parte activa de la vida cotidiana del país.
Organizaciones civiles y de apoyo a migrantes han anunciado movilizaciones y campañas de información para asegurar que la medida no se diluya durante su tramitación parlamentaria. Mientras tanto, cientos de miles de personas —entre ellas, una amplia comunidad cubana— siguen esperando que esta vez el Congreso no les dé la espalda.
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