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La promesa de campaña del presidente Donald Trump de eliminar los impuestos federales sobre las propinas avanza a pasos firmes en el Congreso de Estados Unidos y gana respaldo tanto entre legisladores como en sectores clave de la economía.
La medida, que busca aliviar la carga fiscal de trabajadores del sector de los servicios, fue incorporada esta semana al paquete de recortes impositivos aprobado por la Cámara de Representantes, y recibió un inesperado apoyo unánime en el Senado.
El núcleo de la propuesta es una deducción fiscal de hasta $25,000 que exime del impuesto federal sobre la renta a las propinas reportadas en el formulario W-2, siempre que el trabajador gane menos de $160,000 anuales.
Sin embargo, seguirán aplicándose impuestos sobre la nómina, estatales y locales. La disposición, de aprobarse, expirará en cuatro años.
La medida cuenta con el respaldo del público, legisladores de ambos partidos y empleadores, especialmente en sectores como la hostelería y la restauración.
La Asociación Nacional de Restaurantes calificó la propuesta de "legislación sensata" que podría mejorar los ingresos de miles de empleados y facilitar la contratación.
Pero no todo es apoyo. Críticos advierten que la exención beneficiaría principalmente a trabajadores que ya superan el umbral del impuesto sobre la renta, dejando fuera a quienes más lo necesitan.
“La mayoría de los trabajadores con ingresos bajos no se beneficiarán porque ya no pagan impuestos sobre la renta”, explicó Michael Lynn, experto en economía del comportamiento de la Universidad de Cornell.
El Sindicato Culinario de Nevada, tradicional aliado demócrata, también ha respaldado la iniciativa, agradeciendo a las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen por impulsar la medida junto a los republicanos.
Mientras tanto, grupos como One Fair Wage insisten en que esta medida es un parche superficial y que el verdadero foco debería estar en aumentar el salario mínimo y eliminar los salarios base diferenciados para trabajadores que reciben propinas.
Si se convierte en ley, esta exención podría significar un ahorro promedio de $1,800 para ciertos trabajadores, pero también incrementaría el déficit federal en hasta $120,000 millones en una década, si se vuelve permanente.
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