Miles de cubanos vuelven a quedar indocumentados tras decisión de la Corte Suprema de revocar el parole humanitario

¿Qué representa para los afectados el anuncio de este viernes de la Corte Suprema?

Donald Trump (i) y Personas esperan a sus familiares en el Aeropuerto de Miami (d) © Collage Flickr/Gage Skidmore - YouTube/Screenshot-Telemundo 51
Donald Trump (i) y Personas esperan a sus familiares en el Aeropuerto de Miami (d) Foto © Collage Flickr/Gage Skidmore - YouTube/Screenshot-Telemundo 51

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¿Qué pasará ahora? Es la pregunta que se hacen miles cubanos que quedan desprotegidos tras el anuncio este viernes de que la Corte Suprema permitió a la administración Trump revocar el estatus legal temporal otorgado a más de 500,000 inmigrantes por la administración Biden.

¿Qué representa? Al ser revocado el parole, los afectados perderán su permiso de trabajo y se van a quedar indocumentados en el país, lo que los convierte en deportables, es algo que ha apuntado el periodista Mario J. Pentón nada más conocerse la noticia.

Sin embargo, quedan por ver ahora muchos detalles que abogados de inmigración deberán esclarecer en las próximas horas y días, según evolucionen los acontecimientos.

Una de las dudas que flota en el aire es si se congelarán los trámites de aquellas personas que tenían en camino la solicitud de residencia por la Ley de Ajuste Cubano.

¿Cuántos cubanos quedarían sin estatus legal por la revocación del parole humanitario?

A finales de marzo, cuando se dio a conocer inicialmente la revocación del parole humanitario, la cifra de cubanos que quedarían desprotegidos legalmente en EE.UU. se estimaba en unos 26,000.

La cifra -según cálculo hecho entonces por el periodista Wilfredo Cancio para Café Fuerte- englobaba a los ciudadanos de la isla que habían ingresado a territorio estadounidense con parole humanitario después de marzo de 2024.


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En esos momentos esos cubanos no cumplían todavía con el requisito de un año y un día de permanencia en EE.UU., necesario para poder ampararse en la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

La Corte Suprema mata la ilusión de miles de beneficiarios del Parole humanitario

El tribunal concedió este viernes una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pone fin al programa de Joe Biden que dio permiso a más de medio millón personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

La breve orden señaló que los jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron.

Jackson escribió que el tribunal no había tenido en cuenta "las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes".

La administración impugnó así un fallo de la jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Massachusetts, quien declaró que el gobierno no podía anular el estatus de cada persona sin una determinación individualizada.

Esta decisión está suspendida mientras continúa el litigio.

A comienzos de mayo la administración del presidente Donald Trump había hecho una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de anular el fallo judicial que impedía la cancelación anticipada del programa de parole humanitario.

El programa, instaurado durante la administración del presidente Joe Biden, permitía a personas de estos países ingresar a EE.UU. por vía aérea con respaldo financiero y residir legalmente durante dos años con autorización para trabajar; pero fue de los primeros programas revertidos por Trump al llegar a la Casa Blanca.

El gobierno de Trump sostuvo que la decisión del tribunal de distrito de Boston -que bloqueó la eliminación masiva del programa- interfería con su autoridad ejecutiva en materia de inmigración y política exterior.

El fallo, emitido por la jueza Indira Talwani y que dio esperanzas a los beneficiarios del parole, señalaba que el gobierno no podía revocar de manera generalizada el parole humanitario sin una revisión individual de cada caso, como exige la ley.

La administración, por su parte, argumentaba que mantener el programa vigente socavaba los esfuerzos federales para disuadir el cruce irregular de fronteras y dificulta la aplicación acelerada de deportaciones.

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