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Una jueza federal de Miami ha declarado en desacato civil al Fiscal General de Florida, James Uthmeier, por violar una orden judicial que suspendía temporalmente la aplicación de una polémica ley estatal que criminaliza a los inmigrantes indocumentados al ingresar al Estado.
La jueza de distrito Kathleen Williams dictaminó que Uthmeier desobedeció su mandato del pasado 23 de abril al comunicar erróneamente a las fuerzas del orden que “no existía ninguna orden judicial” que impidiera aplicar dicha ley, actualmente impugnada en tribunales por organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes, de acuerdo con Telemundo 51.
“Los litigantes no pueden alterar el sentido llano de las palabras a su conveniencia, especialmente al transmitir una orden judicial clara e inequívoca. La fidelidad al estado de derecho no puede tener otro significado”, escribió Williams en su resolución.
Sanciones impuestas
Como medida correctiva, la jueza ordenó que Uthmeier presente informes quincenales que detallen si se han producido arrestos, detenciones u otras acciones policiales en virtud de la ley suspendida. Esta supervisión permanecerá mientras el proceso judicial siga activo.
La jueza también denegó la solicitud de Uthmeier para suspender la orden mientras el caso se apela, indicando que es probable que la ley sea declarada inconstitucional, expuso el sitio Local 10 News.
Reacción del Fiscal General
En una publicación en redes sociales, Uthmeier respondió con tono desafiante: “Si ser declarado culpable de desacato es lo que cuesta defender el estado de derecho y apoyar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.
Sin embargo, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que también rechazaron su solicitud de suspensión, advirtieron que la actitud del fiscal general parece desafiante y no ayuda a su defensa.
“Podría tener razón en que la orden del tribunal de distrito es demasiado amplia... pero eso no justifica lo que parece haber sido una amenaza velada de no obedecerla”, señalaron los magistrados.
Contexto de la ley impugnada
La legislación, promovida por la administración estatal de Florida, convierte en delito menor el ingreso al estado por parte de personas sin estatus migratorio legal. La norma fue rápidamente cuestionada por organizaciones civiles y abogados migratorios, quienes consideran que criminaliza la movilidad humana y contradice principios constitucionales.
Este caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre la administración de Florida, el sistema judicial federal y los grupos que defienden los derechos de los migrantes, muchos de ellos de origen latino y caribeño.
Vale recordar que en abril, más de 800 migrantes fueron detenidos en Florida durante los primeros días de la Operación Marea Negra (Operation Tidal Wave, en inglés), un amplio operativo de control migratorio impulsado por autoridades federales y estatales.
A través del programa 287(g), iniciativa que permite a la policía local asumir funciones limitadas de agentes migratorios, más de 230 agencias del orden firmaron acuerdos para participar, siendo Florida el estado con más colaboraciones de este tipo en todo el país.
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