Vídeos relacionados:
Pinto, un perro al que golpeaban desde la ventana de su casa en Guanabacoa y que vivía encadenado en un alero expuesto al sol, la lluvia y el abandono, ya ha sido puesto a salvo por un grupo de animalistas de La Habana.
La defensora de animales Adriana Fernández de Castro denunció en Facebook que el can, de unos nueve o 10 meses, está en el mismo alero donde hace unos meses estaba otra perrita en la misma situación.
"Tiene dueños, pero no les interesa para nada este animalito. Ahí mal come, ahí se moja, ahí le da el sol toda la mañana, ahí sacan la mano por la ventana y lo golpean. Por favor, alguien que lo adopte o un hogar temporal", suplicó.
Ante la cercanía de una fuerte tormenta en la zona, Adriana pidió ayuda inmediata: "Vamos a ayudar a este bebé, no más abusos".
Días después, la activista compartió la feliz noticia del rescate del perrito: "Se lo pedimos a la dueña y sin pensarlo lo dio sin preguntar para dónde iba. Gracias a todos los que compartieron".
Pinto, cuya vida pendía de un alero en Guanabacoa, inicia ahora un nuevo capítulo: se recupera en un hogar temporal mientras se busca una familia definitiva que le brinde el cariño y la seguridad que nunca debió perder.
Su rescate no es un hecho aislado, sino parte de una dolorosa secuencia de abusos contra animales en La Habana que, pese a las denuncias ciudadanas, siguen ocurriendo con alarmante frecuencia.
En los últimos meses, casos especialmente brutales han conmocionado a la población: desde una perrita que quedó colgando durante horas en un balcón en un edificio de Plaza de la Revolución, hasta un hombre que colgó al perro de su vecina en represalia por un conflicto doméstico.
También se difundieron imágenes estremecedoras de otro individuo que intentó agredir a un perro en el Malecón habanero, a plena luz del día.
Estos episodios, que indignan a muchos, reflejan una profunda falla en la protección real de los animales en Cuba.
Aunque el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal, aprobado en 2021, representó un avance legal largamente esperado por los defensores de los derechos animales, su aplicación ha sido, en la práctica, casi simbólica.
Las autoridades competentes rara vez actúan con celeridad ante las denuncias, los mecanismos para imponer sanciones son débiles o inexistentes, y los infractores -incluso los reincidentes- suelen quedar impunes.
La inercia institucional, sumada a la escasez de recursos materiales y humanos, ha obligado a que sean los propios ciudadanos quienes asuman el rol de vigilancia, denuncia y, muchas veces, rescate.
Activistas y grupos defensores de los animales se han convertido en claves para documentar abusos y coordinar acciones, supliendo el vacío que debería llenar el Estado.
Mientras tanto, los animales continúan expuestos a la violencia, al abandono y a la indiferencia, en un país donde proteger la vida no siempre es una prioridad.
Archivado en: