Florida podría contar con un segundo centro de detención de inmigrantes, o al menos a eso aspira el gobernador Ron DeSantis, quien evalúa establecer una instalación en Camp Blanding, un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional ubicado a unas 30 millas de Jacksonville, en el noreste del estado.
La propuesta nace mientras avanza la construcción del primer centro en una remota pista de aterrizaje en los Everglades, llamado "Alcatraz Alligator" (Alcatraz de los caimanes), un proyecto que ha generado gran controversia por sus implicaciones ecológicas y humanitarias.
"No podemos tener a todos los inmigrantes ilegales alojados en nuestras cárceles (y llenándolas)" declaró DeSantis en un evento en Tampa.
"Así que vamos a por el 'Alcatraz de los Caimanes', y también estamos buscando establecer un sitio en Camp Blanding. Florida será un factor multiplicador de poder para el gobierno federal y seguirá liderando la aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional", dijo.
Según dijo, la División de Manejo de Emergencias ya trabaja en los preparativos para ese segundo centro.
El plan forma parte de un esfuerzo coordinado con la administración de Donald Trump, quien ha prometido multiplicar las deportaciones si regresa a la Casa Blanca.
DeSantis asegura que Florida está lista para ayudar al gobierno federal a aumentar su capacidad actual de 41,000 camas para detención de inmigrantes a al menos 100,000. El estado planea aportar 5,000 camas a principios de julio, usando instalaciones temporales como tiendas de campaña y remolques.
El costo estimado de la operación en el Alcatraz Alligator es de $450 millones al año, a razón de $245 diarios por cama, que serán reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La ubicación elegida para ese centro, rodeado de humedales y caimanes, ha sido criticada por activistas ambientales, que señalan la amenaza que supone para el ecosistema de los Everglades, así como por defensores de los derechos humanos, que denuncian una deshumanización creciente de los migrantes.
El antiguo aeropuerto Dade-Collier, en el corazón de los Everglades, se transformaría en una infraestructura carcelaria multifuncional que incluirá detención, procesamiento legal y deportación.
El estado de Florida anunció su intención de pagar 20 millones de dólares a los condados de Miami-Dade y Collier por la compra de la vieja terminal aérea, actualmente en desuso, la cual se usaría en operaciones de logística aérea, despliegue de recursos y respuesta a emergencias.
La pista de 10,500 pies permitiría operaciones aéreas directas, y la Guardia Nacional aportaría abogados militares que actuarían como jueces de inmigración, en un sistema expedito bajo control estatal.
El fiscal general de Florida James Uthmeier cree que el sitio podría estar operativo 30 a 60 días después de comenzar su construcción.
Uthmeier ha defendido el sitio por su aislamiento natural y por el "bajo riesgo de fuga". "No hay adónde ir. Si alguien escapa, se encuentra con caimanes y pitones", dijo.
Sin embargo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava pide una revisión ambiental y social a fondo antes de ceder el terreno. "Una acción no pensada puede tener consecuencias significativas a largo plazo para nuestra comunidad" advirtió.
Pero la polémica se amplía con la propuesta de Camp Blanding, y DeSantis afirma que la división de manejo de emergencias del estado ya "trabaja en eso".
Organizaciones de derechos civiles denuncian un aumento de redadas y una atmósfera hostil para comunidades migrantes en todo el estado.
El futuro de estos centros dependerá ahora de decisiones locales, permisos federales y, posiblemente, batallas legales. Mientras tanto, Florida se convierte en un laboratorio de políticas migratorias radicales, cuyo alcance y consecuencias aún están por verse.
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