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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, elevó el tono este lunes al pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que reactive de inmediato la ley estatal S.B. 4-C, que convierte en delito la presencia de personas indocumentadas en el estado si ingresaron ilegalmente al país.
Uthmeier publicó un mensaje en redes sociales donde no solo defendió la constitucionalidad de la medida, sino que también acusó a la administración Biden de haber sido “sin ley” en materia migratoria durante los últimos cuatro años.
“Florida tiene el derecho y el deber de proteger su soberanía y a su gente de los efectos de la inmigración ilegal”, escribió Uthmeier en X. “Debemos preparar a Florida para una futura administración sin ley como la que vivimos durante los últimos cuatro años”.
Un discurso que enciende alertas
La ley, actualmente bloqueada por orden judicial, fue impugnada por organizaciones que trabajan con comunidades migrantes y personas indocumentadas que residen en Florida.
De aplicarse, permitiría a la policía arrestar a quienes hayan entrado ilegalmente al país y luego se desplacen a Florida, algo que podría impactar directamente a miles de cubanos recién llegados o en tránsito.
El tono del fiscal general, al vincular la aplicación de la ley con un posible regreso de políticas migratorias más permisivas, refuerza un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes.
Florida es uno de los principales destinos de los cubanos que llegan a Estados Unidos en busca de refugio, estabilidad o reunificación familiar.
Aunque por ahora está suspendida por decisión de la jueza federal Kathleen Williams, Uthmeier insiste en que la Corte Suprema debe permitir su aplicación inmediata, al igual que ocurrió con una ley similar en Texas.
Si la Corte da luz verde a la norma de Florida, podría abrirse la puerta a una oleada de arrestos, juicios y deportaciones contra personas que, a pesar de tener procesos migratorios en curso o solicitudes de asilo, podrían ser tratadas como criminales por autoridades estatales.
A mediados de este mes, la jueza federal Williams declaró en desacato civil a Uthmeier, por violar una orden judicial que suspendía temporalmente la aplicación de esta polémica ley estatal.
Williams dictaminó que Uthmeier desobedeció su mandato del pasado 23 de abril al comunicar erróneamente a las fuerzas del orden que “no existía ninguna orden judicial” que impidiera aplicar dicha ley.
Como medida correctiva, la jueza ordenó que Uthmeier presente informes quincenales que detallen si se han producido arrestos, detenciones u otras acciones policiales en virtud de la ley suspendida. Esta supervisión permanecerá mientras el proceso judicial siga activo.
La jueza también denegó la solicitud de Uthmeier para suspender la orden mientras el caso se apela, indicando que es probable que la ley sea declarada inconstitucional.
Este caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre la administración de Florida, el sistema judicial federal y los grupos que defienden los derechos de los migrantes, muchos de ellos de origen latino y caribeño.
Máxime, cuando el propio fiscal ha realizado una propuesta que ha levantado las alarmas de los migrantes y de grupos defensores, tras advertir que en Florida se pudiera construir el mayor centro de detención de inmigrantes del estado en pleno corazón de los Everglades, en lo que él ha bautizado como el “Alcatraz de caimanes” (Alcatraz Alligator).
La instalación estaría ubicada en el antiguo y “prácticamente abandonado” Centro de Entrenamiento Collier, una infraestructura aeroportuaria de 39 millas cuadradas con una pista de 10,500 pies de largo.
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