La reconocida intelectual y activista cubana Alina Bárbara López denunció un creciente despliegue de la Seguridad del Estado en su comunidad, en lo que considera un intento del régimen de intimidar y desmovilizar a activistas y ciudadanos críticos ante la proximidad del 11 de julio (11J), fecha en que se conmemoran las masivas protestas populares de 2021.
A través de Facebook, López advirtió que las autoridades comunistas muestran un “miedo patológico a la fecha”, pues la situación socioeconómica actual en Cuba es aún más grave que la de hace cuatro años.
Según relató en la citada red social, desde el viernes se ha instalado un operativo con maestros, delegados, funcionarios locales del Partido Comunista y agentes en motos, a quienes se les ordenó “estar listos para actuar” ante el supuesto arribo del embajador de Estados Unidos a su casa, información que calificó como falsa y fabricada.
La profesora enfatizó que ella decide quién visita su hogar, recordando que en el pasado ha recibido diplomáticos de países europeos, sindicalistas latinoamericanos y periodistas extranjeros, en ejercicio de su derecho a la libre comunicación y el diálogo.
López denunció también actos de vigilancia directa, como el caso de Inés Mercedes Díaz Izquierdo, una funcionaria de la Dirección Municipal del Partido, quien fue sorprendida filmando su vivienda.
La hija de la profesora, Lilian, confrontó a la mujer, quien visiblemente nerviosa negó estar grabando mientras huía del lugar. López advirtió al régimen que no permitirá un acto de repudio frente a su casa, dejando claro que se defenderá ante cualquier agresión o provocación.
La activista criticó la desproporción de recursos utilizados en operativos como el que sufre su comunidad, mientras las fuerzas de seguridad no logran garantizar el control de sus propias instalaciones.
Alina Bárbara López concluyó su denuncia con un mensaje firme: “No se librarán del escándalo de esa muerte fabricando un acto de repudio en mi barrio. No se los permitiré. Represores.”, responsabilizando directamente a los órganos represivos del Estado por la represión creciente y la vulneración de derechos humanos en la isla.
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