La ciudad de Key West, en el condado de Monroe, en los Cayos de Florida, revirtió su decisión de cortar lazos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y votó para retomar su participación en el programa federal 287(g), apenas una semana después de haberlo anulado.
El cambio se produjo tras fuertes presiones del gobernador, Ron DeSantis, y del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien advirtió sobre posibles consecuencias legales y amenazó con destituir a los comisionados si no restablecían el acuerdo.
Un rechazo inicial con fuerte respaldo
A principios de julio, la Comisión de Key West había votado por anular su acuerdo de colaboración con ICE, con seis votos a favor y uno en contra.
Esta postura representaba una ruptura con el programa 287(g), un convenio federal que faculta a las policías locales para actuar como agentes migratorios, incluyendo la facultad de interrogar, detener y arrestar a personas por presuntas violaciones a las leyes migratorias.
Los comisionados expresaron en ese momento su preocupación por el impacto social del programa en la comunidad migrante local, temiendo que su aplicación alimentara un “clima de miedo” y desconfianza hacia las autoridades.
La respuesta del estado: Advertencias y amenazas
La reacción desde Tallahassee no se hizo esperar.
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El fiscal general James Uthmeier acusó a la ciudad de violar la Sección 908.103 de los Estatutos de Florida, que prohíbe las llamadas “ciudades santuario” y obliga a las entidades locales a cooperar con la aplicación de las leyes migratorias federales.
“Espero que Key West elija el camino fácil y no el difícil”, advirtió Uthmeier en su cuenta de X, anticipando una respuesta legal.
El 2 de julio, envió una carta a la Comisión de la ciudad con una advertencia aún más clara: reintegrarse al programa o enfrentar la destitución.
En palabras del fiscal, “las municipalidades que no entren en estos acuerdos podrían violar la ley de Florida”.
La reversión: Presión estatal y votación dividida
Bajo una creciente presión legal y política, la Comisión de Key West celebró una nueva sesión el martes por la noche, en la que revirtió su decisión anterior con cuatro votos a favor y dos en contra.
La resolución aprobada señala que la ciudad se exponía a sanciones si mantenía su rechazo al programa, y justifica la colaboración como medida para cumplir la ley estatal y “garantizar la seguridad de sus residentes”.
La votación se desarrolló en un ambiente de tensión, con abucheos del público presente, reflejo de la división que la medida genera en la comunidad.
Tras el resultado, Uthmeier celebró públicamente: “¡Gran noticia ver que Key West atendió nuestra advertencia y reanudó su participación en el programa 287(g) de ICE!”.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) fue establecido en 1996 y permite que agencias locales y estatales firmen convenios con ICE para asumir funciones propias de esa agencia federal. A través de memorandos de entendimiento, ICE entrena a policías locales para:
-Interrogar a personas detenidas y determinar su estatus migratorio.
-Emitir órdenes de detención migratoria.
-Colaborar en la custodia y entrega de personas a las autoridades federales.
-Asumir tareas relacionadas con la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.
Este modelo de cooperación fue ampliamente impulsado durante la presidencia de Donald Trump, y ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que lo consideran una herramienta de criminalización de comunidades migrantes.
Florida y la línea dura migratoria
Florida es actualmente el único estado de Estados Unidos donde los 67 condados han firmado acuerdos 287(g).
La administración del gobernador Ron DeSantis ha consolidado una política migratoria de mano dura, persiguiendo legalmente a ciudades que intentan limitar su colaboración con ICE.
Municipios como Miami, Hialeah, Doral y otros ya han formalizado su adhesión.
En el caso de Miami, el acuerdo fue aprobado recientemente con respaldo mayoritario en la comisión, a pesar del rechazo de algunos funcionarios.
El comisionado Damián Pardo, uno de los votos en contra, calificó el programa como “tóxico para la comunidad inmigrante”, y advirtió que su aplicación generará represión y temor entre personas que aún están en proceso de regularización.
A su vez, el jefe de la policía de Miami, Manny Morales, intentó matizar el alcance del acuerdo asegurando que no se perseguirá activamente a los inmigrantes, sino que se limitarán a cooperar en casos específicos.
Argumentos de seguridad y cumplimiento legal
La resolución aprobada por Key West sostiene que la vuelta al programa 287(g) responde al “mejor interés de la ciudad para cumplir con las leyes estatales y federales”.
También se argumenta que algunos de los recientes arrestos en los Cayos de Florida involucran a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves como homicidio, agresión sexual o tráfico de drogas.
Para los promotores del acuerdo, esta colaboración es necesaria para garantizar la seguridad pública y evitar sanciones al gobierno local.
La comunidad local ha reaccionado con decepción y preocupación. Diversas organizaciones de defensa de los derechos migrantes han denunciado el cambio de postura de los comisionados como una capitulación ante la intimidación estatal.
Durante la sesión pública, muchos residentes expresaron su malestar ante la posibilidad de que los agentes locales se conviertan en extensiones del aparato migratorio federal.
Activistas temen que esto rompa el vínculo de confianza entre la comunidad y las autoridades locales, lo que podría traducirse en un menor reporte de crímenes o abusos por temor a represalias migratorias.
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