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En una decisión que ha sacudido el tablero político en Florida, la ciudad de Key West votó el 30 de junio a favor de romper todo vínculo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cancelando el acuerdo conocido como 287(g) que permitía a la policía local actuar como extensión del sistema migratorio federal.
Seis de los siete comisionados apoyaron la medida, que no solo anula el convenio existente sino también prohíbe futuros acuerdos similares. La sesión, de más de dos horas, estuvo colmada por residentes que aplaudieron la decisión con camisetas que decían: “Los migrantes mantienen viva esta isla”.
El comisionado Samuel Kaufman, uno de los principales impulsores de la iniciativa, lo resumió sin rodeos: “Las personas que buscan asilo político son miembros importantes de nuestra comunidad. Tenemos miles de ellos aquí, por cierto. Y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona”.
En una clara señal de rechazo a la agenda antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis y del presidente Donald Trump, los funcionarios electos locales dejaron claro que no colaborarían con políticas de deportación masiva que fracturan familias y criminalizan la pobreza.
El abogado municipal Kendall Harden aclaró además que el acuerdo con ICE había sido implementado sin votación oficial previa, por lo que su legitimidad era cuestionable.
El fiscal general amenaza con sanciones y destituciones
La respuesta del poder estatal no tardó en llegar. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta a los comisionados de Key West amenazando con sanciones civiles y penales, e incluso con su destitución del cargo si no restablecen el acuerdo con ICE.
“Tienen una opción: dejar de impedir que las fuerzas del orden apliquen la ley migratoria o asumir las consecuencias”, escribió Uthmeier en su cuenta de X.
El fiscal alegó que la ciudad violó la ley estatal al anular el acuerdo, y recordó que una legislación firmada por DeSantis en 2019 prohíbe expresamente la creación de “ciudades santuario” en Florida. Este año, el gobernador intensificó aún más la normativa, obligando a las agencias policiales a cooperar directamente con ICE.
Uthmeier, principal impulsor del controvertido centro de detenciones Alligator Alcatraz, también agitó el miedo al señalar casos recientes de arrestos en los Cayos de Florida de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, asegurando que “estos brutales hechos demuestran claramente el peligro que representan los extranjeros delincuentes”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y residentes locales aseguran que esos casos, aunque graves, no representan a la inmensa mayoría de migrantes, muchos de ellos cubanos, haitianos y centroamericanos, que viven de forma pacífica, trabajan en sectores esenciales y enriquecen la vida de la isla.
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