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El Departamento de Estado inició este viernes el despido de más de 1,300 empleados, como parte de una drástica reorganización estructural impulsada por la administración Trump.
La medida, que incluye la eliminación de cientos de puestos, ha generado fuertes críticas por parte de diplomáticos y expertos en relaciones exteriores, quienes advierten sobre un debilitamiento de la capacidad de Estados Unidos para enfrentar amenazas internacionales.
Según informó a la agencia AP un alto funcionario del departamento, se enviaron notificaciones de despido a 1,107 funcionarios públicos y 246 miembros del servicio exterior con asignaciones en territorio estadounidense.
Estos últimos serán colocados de inmediato en licencia administrativa durante 120 días antes de su desvinculación formal.
Los recortes forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal, una meta que incluye la eliminación total de agencias como USAID y el Departamento de Educación.
En el caso del Departamento de Estado, la reorganización afectará a más de 300 oficinas, priorizando el cierre de unidades consideradas redundantes o ideológicamente incompatibles con las políticas del gobierno.
En una declaración desde Kuala Lumpur, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida como una "acción deliberada" para hacer más eficiente el funcionamiento del departamento.
"Algunos de estos son puestos que se están eliminando, no personas", dijo, aludiendo a vacantes y jubilaciones anticipadas. Aseguró que la intención no es deshacerse del personal, sino optimizar los recursos.
Sin embargo, la decisión ha encendido alarmas entre sectores diplomáticos. La Academia Estadounidense de Diplomacia calificó la reestructuración como un "acto de vandalismo" que pone en riesgo la capacidad operativa del país en un momento crítico de la política internacional.
"Desmantelar el conocimiento institucional debilita nuestra respuesta a amenazas estratégicas y conflictos en curso", sostuvo la organización.
La Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos, el sindicato que representa a los diplomáticos, también cuestionó la decisión y pidió su suspensión. Su presidente, Tom Yazdgerdi, afirmó que despedir personal así "pone en riesgo los intereses nacionales".
Mientras continúan las demandas legales contra los recortes, un fallo reciente de la Corte Suprema permitió que la administración avanzara con el proceso.
Aunque los despidos fueron menores de lo que inicialmente se temía, representan una de las mayores reestructuraciones del Departamento de Estado en décadas.
Entre los programas más afectados están aquellos relacionados con derechos humanos, inmigración, promoción de la democracia y asistencia a refugiados.
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