La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo están impulsando nuevos cambios en la Constitución del país con el propósito de prolongar su permanencia en el poder y restringir la participación política de amplios sectores de la población.
“Murillo y Ortega están reescribiendo la Constitución de Nicaragua, una vez más, para prolongar su mandato y excluir a amplios sectores de la población nicaragüense de la vida política”, afirmó la representación diplomática estadounidense en un mensaje publicado en la red social X.
Washington fue más allá y calificó el proceso como un nuevo paso en la consolidación del sistema autoritario encabezado por Ortega y Murillo.
“Esto no es una reforma. Es el afianzamiento del autoritarismo”, señaló la Embajada, que además pidió una respuesta internacional ante los movimientos del régimen nicaragüense.
“Las naciones de nuestro hemisferio deben adoptar medidas significativas para hacer frente a esta situación”, agregó.
Una nueva escalada tras las advertencias de Ortega
La denuncia estadounidense se produce después de una serie de movimientos políticos y declaraciones de Ortega que han generado preocupación sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua.
En julio Ortega aseguró que no permitiría que unas elecciones facilitaran el regreso al poder de sectores opositores a su gobierno.
Posteriormente, las autoridades nicaragüenses anunciaron que continuarían celebrándose procesos electorales, pero plantearon excluir de ellos a personas y sectores señalados por el oficialismo como “golpistas” o “traidores a la patria”.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, confirmó además que trabajaba en transformaciones constitucionales relacionadas con el sistema electoral.
Estados Unidos reaccionó entonces con fuertes críticas. El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó públicamente a Ortega y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes.
Ortega y Murillo acumulan poder
Los nuevos movimientos llegan después de la profunda reforma constitucional impulsada por el oficialismo nicaragüense entre finales de 2024 y comienzos de 2025, que transformó la estructura institucional del país y consolidó la figura de Rosario Murillo como copresidenta junto a Ortega.
Aquellos cambios ampliaron las facultades de la Presidencia sobre las instituciones estatales y extendieron el período presidencial, en medio de denuncias internacionales sobre una creciente concentración de poder.
La nueva advertencia de Washington apunta ahora a que las modificaciones constitucionales y electorales pueden servir para restringir todavía más la competencia política y facilitar la continuidad de Ortega y Murillo.
La presión estadounidense contra el régimen nicaragüense también se ha intensificado durante 2026. En junio, Rubio calificó al régimen Ortega-Murillo de “enemigo de la humanidad”, mientras Washington ha recurrido también a sanciones contra funcionarios y personas vinculadas al círculo de poder de Managua.
Con su más reciente pronunciamiento, Estados Unidos busca llevar nuevamente el caso nicaragüense al ámbito regional y reclama que otros gobiernos del hemisferio adopten medidas concretas frente al deterioro de las garantías políticas en el país centroamericano.
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