La congresista republicana María Elvira Salazar reiteró su postura sobre la política migratoria estadounidense y defendió su proyecto conocido como la Ley de Dignidad, que plantea un endurecimiento en el control fronterizo y mantiene las deportaciones, incluyendo a quienes llegaron al país bajo la Administración Biden, entre ellos miles de cubanos.
En una publicación en la red social X, la legisladora por Florida respondió directamente al activista conservador Charlie Kirk, quien cuestionó el proyecto alegando que “protegería de la deportación a inmigrantes ilegales si han estado en Estados Unidos desde antes de 2021”.
Kirk acusó la propuesta de ser una “amnistía blanda” que “pondría fin de facto a las deportaciones masivas que los estadounidenses acaban de votar”.
María Elvira reaccionó de inmediato a la crítica de Kirk
“Charlie, no hay trucos. No hay palabras mágicas. (…) Las deportaciones de criminales y de cualquiera que haya estado bajo el gobierno de Biden continuarán”, dijo la congresista en un mensaje en la red social X.
Además, aclaró que existen mecanismos para verificar cuánto tiempo ha permanecido una persona en Estados Unidos, como entradas en el pasaporte, registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comprobantes de empleo o pagos de impuestos.
“La carga de la prueba recae en el individuo. Si no puede demostrarlo, no califica”, sentenció María Elvira y destacó que su propuesta no contempla ciudadanía ni beneficios automáticos.
Asegura que la intención de su proyecto de ley es frenar la inmigración ilegal de manera permanente, implementar la verificación electrónica obligatoria a nivel nacional y garantizar “orden, dignidad y estabilidad económica”.
“La Ley Dignidad no es una amnistía. No es una vía para la ciudadanía. No hay ayudas. Es un camino hacia adelante para nuestra economía y nuestro futuro”, subrayó Salazar en su mensaje.
La legisladora ha insistido en que su plan de reforma migratoria asegura la frontera y ofrece un camino legal para aquellos inmigrantes de larga data que trabajen, paguen impuestos y cumplan con responsabilidades, sin otorgar privilegios ni beneficios automáticos.
Las declaraciones han generado inquietud entre comunidades migrantes, especialmente entre los miles de cubanos que ingresaron a EE. UU. con documentos como el I-220A, I-220B, CBP One, o venezolanos, beneficiarios del TPS, quienes temen quedar en riesgo de deportación bajo esta nueva legislación.
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