“Los héroes invisibles que nos alimentan no pueden seguir viviendo con miedo”, afirmó la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar al presentar este martes en Washington su propuesta migratoria más ambiciosa: la Ley Dignidad de 2025, una reforma bipartidista que busca legalizar a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que hayan vivido en EE.UU. por al menos cinco años.
Con el respaldo de 20 legisladores, demócratas y republicanos, Salazar presentó la nueva versión de su proyecto, junto a la congresista texana Veronica Escobar, en una conferencia de prensa en el Capitolio.
La ley, aseguró Salazar, "no es amnistía, ni ciudadanía, ni dádivas", sino una vía de estabilidad y reconocimiento para quienes han sostenido la economía desde las sombras.
¿En qué consiste la Ley Dignidad?
El proyecto se basa en dos grandes programas:
El Programa Dignidad: Otorga estatus legal por siete años, renovable, a inmigrantes que cumplan con ciertos requisitos: no tener antecedentes, pagar impuestos, aprobar verificaciones de antecedentes, y pagar una multa de 7,000 dólares en cuotas. No recibirán beneficios públicos, pero podrán trabajar legalmente, viajar a sus países de origen y vivir sin temor a la deportación.
El Programa Redención: Después de completar el Programa Dignidad, los inmigrantes podrán optar por la residencia permanente, cumpliendo requisitos adicionales como aprender inglés, aprobar pruebas de civismo, pagar 5,000 dólares adicionales o hacer servicio comunitario.
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“El que está trabajando, no ha cometido delitos, tiene hijos americanos y paga impuestos, merece vivir con dignidad”, dijo Salazar. “Esta es la solución al caos migratorio que enfrentamos desde hace 40 años”, añadió, y pidió directamente al presidente Donald Trump que apoye la iniciativa: “Usted puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud”.
¿A quién beneficiaría?
Salazar ha insistido en proteger a los cubanos con I-220A, una figura migratoria otorgada a quienes entraron irregularmente y aún no tienen estatus definido. También pidió protección para quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS), como venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
No obstante, la ley no incluye a los migrantes llegados por parole humanitario, un programa implementado por la administración Biden y revocado recientemente por el presidente Trump, que ahora exige su salida del país y revoca permisos de trabajo.
El texto de la Ley Dignidad también contempla además:
- Financiar infraestructura fronteriza y seguridad sin usar dinero del contribuyente, sino a través de las tarifas y multas pagadas por los inmigrantes.
- Implementar E-Verify obligatorio para prevenir contrataciones ilegales.
- Reformar el sistema de asilo, y ofrecer una vía para los Dreamers hacia la residencia permanente.
- Impulsar la formación laboral y reformar las categorías de visas para responder a la economía del siglo XXI.
Salazar ha calificado esta iniciativa como una propuesta de “orden, ley y dignidad” que, según ella, podría evitar deportaciones masivas y el colapso de sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios.
“Sin estos trabajadores, no hay comida en la mesa. Ellos no quieren privilegios, solo la posibilidad de vivir sin miedo”, aseguró la congresista.
La propuesta marca un intento de romper con la dicotomía política que ha paralizado la reforma migratoria en Estados Unidos durante décadas. “Ya basta de elegir entre amnistía o deportación. Hay una tercera vía. Y se llama dignidad”, sentenció Salazar.
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