El régimen cubano ha evitado sistemáticamente aceptar a sus ciudadanos con historial delictivo repatriados desde Estados Unidos, pero no dudó en aplaudir que Nicolás Maduro acogiera a más de 250 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una peligrosa banda criminal.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, celebró en la red social X la “liberación” de los venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador, entregados al régimen de Maduro a cambio de presos políticos y ciudadanos estadounidenses.
“El regreso a Venezuela de estos ciudadanos constituye un triunfo de la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro”, escribió Rodríguez.
La operación, confirmada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, consistió en el traslado de 252 migrantes venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La mayoría de estas personas tienen presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. A cambio, Caracas entregó un número no especificado de presos políticos y diez estadounidenses detenidos en Venezuela.
“Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio por un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen mantenía en sus cárceles durante años”, dijo Bukele.
Mientras tanto, La Habana mantiene una política opuesta. Abogados de inmigración han denunciado que el régimen cubano solo acepta el retorno de ciudadanos jóvenes y sin antecedentes penales, dejando a muchos delincuentes cubanos fuera del proceso de repatriación.
Ante la negativa del gobierno de Miguel Díaz-Canel de recibir criminales, Estados Unidos se ha visto obligado a deportar a algunos cubanos a terceros países, como sucedió recientemente con dos personas enviadas a Sudán del Sur, uno de los países más inestables del planeta.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que ambos hombres tienen un amplio historial delictivo. Enrique Arias-Hierro fue condenado por homicidio, robo a mano armada, secuestro, suplantación de identidad y robo con fuerza.
José Manuel Rodríguez-Quiñones fue procesado por intento de asesinato, agresión física, hurto y tráfico de animales caninos. Ambos fueron considerados una amenaza para la seguridad pública.
"En términos generales, cuando queremos deportar a un ciudadano cubano, notificamos al régimen. Si no lo aceptan, tenemos que buscar otras soluciones", explicó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, durante una conferencia de prensa en Miami.
La política migratoria del régimen cubano parece tener una vara distinta según quién sea el aliado. Mientras aplaude la decisión de Maduro de recibir a acusados de pertenecer a una organización criminal, se niega a aceptar a sus propios nacionales si estos representan un problema para su imagen o gobernabilidad interna.
Una vez más, La Habana demuestra su doble rasero: exige respeto por los migrantes, pero selecciona con lupa a quiénes permite regresar a casa.
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