Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos está evaluando si el presidente Donald Trump tiene la autoridad legal para cancelar de forma masiva el parole humanitario, el programa que ha permitido el ingreso ordenado y temporal de más de 530,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
La audiencia celebrada esta semana en el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, Massachussetts, fue clave para determinar el futuro de este beneficio migratorio.
¿Qué se discutió en la audiencia?
El gobierno de Trump sostiene que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó dentro de sus atribuciones al revocar el parole humanitario de forma general, sin analizar caso por caso.
El programa había sido implementado por el expresidente Joe Biden para ofrecer una vía legal a ciertos migrantes que cumplieran con controles de seguridad y contaran con un patrocinador en EE.UU.
Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, defendió esa posición y citó la reciente intervención de la Corte Suprema, que permitió que las cancelaciones entraran en vigor mientras se resuelve la apelación.
"Como la Corte Suprema ya reconoció implícitamente mediante una votación unánime, es probable que el gobierno prevalezca en apelación", afirmó Ensign.
"Esta corte debería rechazar la descarada solicitud de los demandantes de desafiar a la Corte Suprema", añadió, según citó la agencia Reuters.
La jueza que bloqueó inicialmente la cancelación del parole
El 14 de abril, la jueza federal Indira Talwani -designada por Barack Obama- bloqueó temporalmente la revocación del parole humanitario, al considerar que Noem solo podía actuar caso por caso y no de manera categórica.
Esta decisión dio un respiro a los más de medio millón de beneficiarios del programa.
Pero en mayo, la Corte Suprema suspendió esa orden, permitiendo al gobierno reactivar las cancelaciones mientras el caso seguía su curso judicial.
Aunque la decisión fue unánime, el alto tribunal no explicó sus razones, lo que ha generado incertidumbre sobre el verdadero alcance de esa medida.
¿Qué dijeron los jueces de apelación este martes?
Los tres jueces que escucharon el caso fueron nombrados por presidentes demócratas, lo que generó expectativas favorables para los migrantes.
Aun así, no ofrecieron señales claras sobre hacia dónde se inclinan.
El juez William Kayatta reconoció lo confuso del escenario:
"Estamos en una situación inusual en la que se nos pidió recurrir a la Corte Suprema en busca de orientación... y solo se nos dio el resultado final".
El abogado Justin Cox, representante de los migrantes, advirtió que la falta de fundamentos en la orden de la Corte Suprema no obliga al tribunal de apelaciones a asumir que el gobierno ganará: "El Primer Circuito estaría especulando si intentara asignarle un significado particular".
¿Qué puede pasar ahora?
Si el tribunal da la razón al gobierno de Trump, las revocaciones del parole humanitario seguirán su curso, lo que podría traducirse en detenciones o deportaciones para miles de beneficiarios.
El juez Gustavo Gelpí advirtió que, incluso si Talwani ganara en esta apelación, el gobierno aún podría volver a cancelar el parole usando otros mecanismos administrativos.
No obstante, Cox insistió en que una victoria judicial, aunque parcial, sigue siendo relevante:
"Como mínimo, permitiría a nuestros clientes y a los miembros del grupo tener la dignidad de irse en sus propios términos, en lugar de estar sujetos a los tipos de procesos de deportación y detención que están sucediendo en este momento".
En resumen:
-El presidente Trump busca cancelar el parole humanitario de forma generalizada.
-Una jueza federal bloqueó esa acción, pero la Corte Suprema suspendió ese bloqueo sin explicar por qué.
-Un tribunal de apelaciones ahora debe decidir si la cancelación total es legal.
-Más de 530,000 migrantes, entre ellos miles de cubanos, podrían perder su estatus si la decisión favorece al gobierno.
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