“Estuve tres días sin saber nada de mi esposo. Me llamaba desde un número del condado, pero no aparecía en el sistema”, relató una mujer mexicana, aterrada tras la desaparición temporal de su pareja, arrestado mientras iba de pasajero hacia una obra de construcción.
Aunque tenía permiso de trabajo, fue trasladado en una van a un destino desconocido y devuelto, horas después, a la misma cárcel con un número de reo diferente. Nadie sabía dónde estaba.
Este tipo de “paseos” se ha convertido en una maniobra frecuente para burlar la norma que limita a 72 horas el tiempo que una cárcel local puede retener a un inmigrante sin cargos penales antes de ser entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un reportaje de The Detroit News que cita a abogados y activistas, trasladarlos de una cárcel a otra, e incluso devolverlos al mismo sitio con nueva identificación, reinicia el reloj y extiende su detención de manera opaca e inconstitucional.
Uno de los casos más graves afecta al cubano Michael Borrego Fernández, arrestado en junio por violar condiciones de su libertad condicional, tras ser acusado de hurto mayor por estafar a propietarios de viviendas para que pagaran por adelantado la construcción de piscinas sin terminar el trabajo. Tras cumplir 10 días en la cárcel de Seminole, fue retenido bajo custodia de ICE en Orange.
Desde entonces, su madre, Yaneisy Fernández Silva, ha seguido con angustia un laberinto de traslados: Seminole County Jail, luego Orange, después Pinellas, y finalmente el temido Alligator Alcatraz, el nuevo centro de detención migratoria en los Everglades, donde permanece desde el 5 de julio.
“Solo pude rastrear a mi hijo gracias a sus llamadas”, contó la madre, quien asegura que Michael fue víctima de una estafa laboral que ahora lo tiene enfrentando un posible proceso de deportación.
“Es una táctica para desorientar, desgastar y romper a las familias”
El abogado de inmigración Walker Smith describió el caso de cuatro hermanos guatemaltecos que, tras ser detenidos, fueron trasladados en círculos durante horas hasta terminar en el mismo centro de detención, pero con nuevos números. Dos de ellos tenían permisos de trabajo vigentes.
“Esto es jugar con el sistema para ganar tiempo. No hay otra forma de verlo”, denunció Smith. “Y en ese proceso se pierden derechos, se obstaculiza la defensa legal y se les arrebata a las familias la posibilidad de saber si sus seres queridos están bien”.
Los traslados, lejos de ser aislados, han sido confirmados por autoridades de los condados de Orange y Pinellas, quienes alegan “problemas de capacidad” y “falta de camas en los centros federales”.
Sin embargo, cada día de detención adicional le cuesta al condado 145 dólares, mientras el gobierno federal solo reembolsa 88 dólares. Una ecuación que, además de opaca, resulta costosa.
Además, los abogados denuncian que durante los traslados, que pueden durar horas o incluso días, los migrantes son transportados esposados, con cadenas en la cintura, sin acceso a agua ni alimentos regulares.
“Cuando están en una cárcel al menos hay reglas: tres comidas, acceso a baños. Pero en tránsito, eso se pierde”, explicó el abogado Mich González.
El estado de Florida, bajo una política de mano dura contra la migración irregular, ha aumentado los arrestos y alimentado el colapso del sistema de detención.
Organizaciones de derechos civiles en Florida han elevado su voz, exigiendo el fin de los acuerdos entre cárceles locales e ICE.
“Esto no es burocracia, es crueldad”, dijeron activistas que ayudaron a localizar al esposo desaparecido de la mujer mexicana, horas después de que su familia clamara ayuda.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.