El gobierno cubano abrió un nuevo proceso de licitación para que trabajadores por cuenta propia, cooperativas y proyectos locales asuman la gestión de bares estatales en el municipio Rafael Freyre, Holguín, en un intento por reanimar la deprimida red de gastronomía y servicios.
La Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Rafael Freyre convocó a la entrega de propuestas para arrendar cuatro unidades: el Bar Nueva Onda (Juan Cantares), el Bar Bajo el Cerro, el Bar El Mango (Punto Fijo) y el Bar Sao Redondo (Melones).
Los interesados deberán presentar proyectos de negocio en sobres sellados, incluyendo presupuesto, descripción de actividades, posibles obras de reparación y hasta planes de publicidad con carteles, música grabada o servicios artísticos, menciona la convocatoria.
El plazo para entregar las ofertas se extendió hasta el 30 de agosto, y se priorizarán iniciativas que preserven los servicios básicos de la población, garanticen mejores condiciones de calidad y estimulen tradiciones culturales del territorio. También se valorará el uso de energías renovables y la inserción social, apuntan.
De acuerdo a lo expuesto por la entidad, la medida forma parte del “reordenamiento” del comercio minorista en Cuba, donde cada vez más locales estatales pasan a manos privadas debido a la incapacidad del Estado para sostenerlos.
En 2023 se conoció la licitación de espacios en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, así como la apertura de locales de la EGREM a la gestión privada.
Más recientemente, en junio de 2025, la Empresa de Gestión del Patrimonio, en alianza con la Oficina del Historiador, lanzó una convocatoria para arrendar espacios en el Malecón habanero.
Aunque fue presentada como una “oportunidad única”, despertó un alud de críticas en redes sociales, debido a que muchos cuestionaron la seguridad estructural, la falta de garantías jurídicas y la sospecha de que el Estado simplemente descarga sobre los emprendedores el costo del deterioro urbano.
El caso de Rafael Freyre se inserta en esta tendencia, con bares que alguna vez fueron símbolo de la vida social en pueblos y barrios cubanos, hoy deteriorados y sin servicios estables, podrían revivir gracias al esfuerzo privado.
Pero, como advierten los propios cuentapropistas, el entusiasmo choca con un muro de incertidumbres legales, altos riesgos de inversión y la posibilidad siempre latente de que “el Estado decida botarte y pierdas tu dinero”, como expresó un usuario cuando se anunció la licitación del Malecón.
Un salvavidas frente al naufragio estatal
El gobierno ha reconocido que el comercio interior no puede sostenerse con el modelo centralizado. En 2022, la ministra Betsy Díaz Velázquez admitió que la red estatal requería una transformación profunda y que las unidades con mayor autonomía funcionaban mejor.
Tres años después, las licitaciones se han convertido en un salvavidas ante el naufragio económico del Estado. Sin embargo, lo que para algunos puede ser una oportunidad de emprendimiento, para otros refleja la precariedad de un sistema que sobrevive trasladando sus responsabilidades a los ciudadanos.
En Rafael Freyre, la suerte de bares como El Mango o Nueva Onda dependerá ahora de la capacidad de vecinos y emprendedores para invertir en locales que el Estado dejó caer en ruinas. La pregunta es si esta fórmula traerá prosperidad a la comunidad o será otro parche momentáneo en medio de la crisis estructural del país.
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