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La Policía Nacional española acaba de detener en Madrid al presidente y dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en una operación por presunto blanqueo de capitales que pone bajo sospecha el rescate millonario que recibió la aerolínea y sus vínculos con Venezuela y con contratos que afectan directamente a Cuba. Desde la isla, este caso importa porque Plus Ultra ha sido una pieza clave en vuelos, misiones médicas y conexiones entre La Habana, Madrid y Caracas.
Quiénes son Policía Nacional y UDEF
Para ubicarse, la UDEF es la unidad especializada en delitos económicos y fiscales. Es la que entra en los casos de corrupción, comisiones ilegales, blanqueo de capitales y tramas de dinero sucio. Si la UDEF está registrando una empresa y deteniendo a sus directivos, es porque la causa no es una simple irregularidad administrativa, sino un caso de posible corrupción o lavado de dinero a gran escala.
Qué es la SEPI y por qué importa a Plus Ultra
La SEPI es el gran holding público del Estado español: un grupo que gestiona las participaciones del gobierno en empresas (energía, industria, medios, etc.). Durante la pandemia se le encargó manejar un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con miles de millones para rescatar compañías “clave” para la economía.
A través de ese fondo, la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra: 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en un préstamo participativo (una especie de crédito que se parece a una inversión en capital). Esa decisión es el origen político y judicial de todo lo que está pasando ahora, como han detallado medios económicos al hablar del polémico rescate de 53 millones de euros.
Por qué fue tan polémico el rescate
Visto desde Cuba, ayuda entender por qué en España el rescate de Plus Ultra se volvió un escándalo: Plus Ultra era una aerolínea minúscula, con solo un par de aviones operativos y menos del 0,1% del mercado español. Ningún banco quiso prestarle dinero ni siquiera con aval público, pero el Estado puso 53 millones directamente.
Buena parte de su negocio estaba concentrado en Venezuela y Cuba, no en el mercado interno español, y en su accionariado entraron empresarios venezolanos vinculados al entorno del chavismo, señalados por otros países por presunta corrupción y lavado de dinero. La oposición en España denunció que no se estaba rescatando una empresa estratégica, sino favoreciendo a una aerolínea marginal, muy ligada a los regímenes de Maduro y Díaz‑Canel, con dinero de los contribuyentes españoles.
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Conexión con Venezuela: chavismo y “boliburgueses”
Plus Ultra terminó controlada en buena medida por capital venezolano cercano al poder político en Caracas. En la jerga venezolana se habla de “boliburgueses”: empresarios enriquecidos al calor del chavismo, a través de contratos con el Estado, negocios con el oro del Banco Central, importaciones, programas alimentarios y otras operaciones opacas.
Esos socios venezolanos dieron a Plus Ultra algo más valioso que el dinero: acceso político. Gracias a ese respaldo, la aerolínea ganó rutas y trato preferente en el eje Madrid–Caracas, en un momento en que Venezuela estaba cada vez más aislada por sanciones y problemas económicos, como han documentado investigaciones sobre el “equipaje no declarado” de Plus Ultra. La sospecha actual es que Plus Ultra no solo sirvió para llevar pasajeros, sino también para mover y blanquear capitales procedentes de la corrupción venezolana, utilizando préstamos internos, sociedades pantalla y cuentas en paraísos fiscales.
Conexión con Cuba: vuelos, Cubana y misiones
Para Cuba, Plus Ultra ha sido algo más que “otra aerolínea extranjera”: Cubana de Aviación tiene restringido el uso de muchos aviones en Europa por temas de seguridad y medioambiente, y atraviesa una crisis crónica de flota y repuestos. Plus Ultra ocupó parte de ese espacio: operó vuelos a La Habana y firmó acuerdos de cooperación y alquiler de aviones (wet lease) que, en la práctica, la convirtieron en una aliada de Cubana para mantener conexiones con Europa.
Un caso simbólico: un Airbus A340 de Plus Ultra realizó un vuelo Madrid–La Habana–Gabón con más de 150 médicos cubanos, en el marco de las misiones médicas que son una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano, tal y como reveló la prensa especializada al destapar que la rescatada Plus Ultra también hizo negocio en La Habana. Es decir, la aerolínea formó parte del engranaje logístico de uno de los negocios más sensibles y rentables para el gobierno de la isla.
Cómo llegó la UDEF al caso
Tras el rescate de 2021, un juzgado de Madrid abrió una primera investigación para ver si se había violado la normativa de ayudas públicas y si los informes que justificaban el rescate estaban “forzados”, en línea con las dudas que recogían titulares como “Plus Ultra no podrá devolver el rescate”. Aquella causa se archivó por motivos técnicos, pero no disipó las dudas.
Con el tiempo, fiscales e investigadores comenzaron a cruzar datos con otros países europeos: aparecieron operaciones financieras sospechosas entre Plus Ultra y sociedades relacionadas con redes de corrupción venezolanas. Se detectaron préstamos entre empresas del mismo entorno, difíciles de justificar por motivos comerciales, pagos a sociedades en Panamá, Emiratos y otros centros financieros opacos, y movimientos de más de un millón de euros vinculados a personas ya investigadas en Suiza por lavado de dinero venezolano, tal como ha trascendido en crónicas sobre los directivos detenidos de Plus Ultra.
Qué se investiga ahora exactamente
Lo que está en juego no es solo si el rescate fue “oportuno” o “ético”, sino algo más grave: si Plus Ultra se utilizó como vehículo para blanquear dinero procedente de la corrupción venezolana y si parte de los 53 millones que puso el Estado español acabó sirviendo para regularizar o devolver supuestos préstamos de esas tramas, en lugar de salvar empleo y actividad económica real, como sugiere el seguimiento de la traza del dinero del rescate.
También se investiga cómo encajan en esa red las rutas y contratos de la aerolínea con Venezuela y Cuba, incluidos vuelos y servicios que afectan directamente a la economía estatal cubana. Por eso la unidad encargada es la UDEF (delincuencia económica y fiscal) y no una simple unidad administrativa: se trata de un caso de posible corrupción internacional, con conexiones políticas y financieras de alto nivel.
Cómo se ve esto “desde Cuba”
Mirado desde La Habana, el caso Plus Ultra revela tres cosas incómodas: que una aerolínea clave para los viajes, misiones y conexiones de Cuba con Europa puede estar metida hasta el cuello en un proceso judicial por blanqueo en España, que los mismos circuitos de empresarios y funcionarios que sostienen al chavismo y a la élite cubana habrían usado empresas tapón en Europa para mover y limpiar dinero, y que una parte del sistema de rescates públicos europeos durante la pandemia terminó beneficiando a un engranaje económico y político que une a Caracas y La Habana.
Qué puede pasar a corto plazo
Si la investigación obliga a Plus Ultra a reducir operaciones, cancelar rutas o entra en un proceso concursal, Cuba puede perder temporalmente asientos y frecuencias en algunas rutas concretas (sobre todo aquellas donde la española aporta avión y operación). El impacto será mayor porque Cubana tiene apenas dos aviones operativos y depende justamente de arrendamientos como el de Plus Ultra para mantener parte de su conectividad europea.
Si Iberia, Air Europa, chárter alemanes y otros operadores mantienen o amplían sus frecuencias, el efecto se notará más en precios, escalas y estabilidad de horarios que en una ruptura total del puente aéreo Cuba–Europa.
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