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La deportación de un inmigrante cubano mientras permanecía bajo custodia de las autoridades en Las Vegas ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles y comunidades migrantes, al revelar cómo la cooperación entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede dejar a una persona sin posibilidad real de defenderse ante un tribunal.
El caso de Sergio Morales Echevarría, un cubano detenido en el Centro de Detención del Condado de Clark, está en el centro de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.
La organización alega que el inmigrante fue entregado a ICE y posteriormente deportado desobedeciendo una orden judicial, lo que habría vulnerado su derecho al debido proceso, según un reportaje de Wyoming Public Media, integrante del Mountain West News Bureau.
De acuerdo con la ACLU, un juez del Tribunal de Distrito de Nevada había ordenado que Morales Echevarría fuera trasladado a un centro de tratamiento para pacientes internados. Sin embargo, ese traslado nunca ocurrió. En lugar de ello, el cubano fue liberado directamente bajo custodia de ICE desde la cárcel local, una decisión que, según los abogados, no estuvo respaldada por ninguna orden judicial.
“Esta detención no proviene de un juez, ni del poder judicial; proviene simplemente de un funcionario de ICE”, sostuvo ante el tribunal Sadmira Ramich, abogada principal de la ACLU de Nevada, citada por Wyoming Public Media.
El problema, advierten los defensores, es que este tipo de entregas puede cortar de raíz cualquier posibilidad de que el detenido comparezca ante la justicia o ejerza su derecho a una defensa efectiva.
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El trasfondo del caso se inscribe en la rápida expansión de los acuerdos 287(g), mecanismos que permiten a agencias policiales locales colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales.
Según la investigación del Mountain West News Bureau, estos acuerdos se quintuplicaron en 2025 en los estados del oeste montañoso, pasando de 10 a 54, con Nevada entre las entidades que han reforzado esta cooperación.
El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas reconoce que notifica a ICE cuando personas nacidas en el extranjero son detenidas por ciertos delitos, aunque insiste en que sus agentes no hacen cumplir directamente las leyes migratorias.
En el caso específico de Morales Echevarría, los abogados del departamento alegaron ante la corte que el acuerdo 287(g) aún no estaba formalmente en vigor cuando ocurrió la detención, una postura que la ACLU considera un intento de eludir el fondo del asunto.
Para muchas organizaciones civiles, el impacto humano va más allá de los tecnicismos legales. Expertos como Michael Kagan, profesor de Derecho en la Universidad de Nevada, Las Vegas, advierten que la entrega de detenidos a ICE puede negarles la oportunidad de defenderse, ya que la mayoría de los procesos migratorios son de carácter civil y administrativo, no penal.
“No es un delito; es un asunto de ley migratoria”, subrayó Kagan en declaraciones recogidas por Wyoming Public Media.
Como elemento complementario, registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ubican a Morales Echevarría dentro de listados oficiales que agrupan a inmigrantes considerados de alta prioridad para deportación.
La ACLU asegura haber documentado cientos de retenciones de ICE en la cárcel del condado de Clark, aunque la policía local ha rechazado confirmar cifras. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido públicamente estas colaboraciones y ha advertido que la presencia de ICE será “sostenida” y, en ocasiones, más intensa.
En el caso del inmigrante cubano, no fue posible contactarlo. La ACLU afirma que fue deportado a México, pese a que el litigio en torno a su detención continúa. La próxima audiencia judicial está prevista para enero, y podría sentar un precedente clave sobre los límites de la cooperación entre policías locales e ICE.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de inmigrantes cubanos y la cooperación entre ICE y policías locales
¿Por qué es preocupante la deportación de Sergio Morales Echevarría?
La deportación de Sergio Morales Echevarría es preocupante porque se realizó en desobediencia a una orden judicial que instruía su traslado a un centro de tratamiento, lo que vulneró su derecho al debido proceso. La ACLU de Nevada ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, alegando que las acciones de las autoridades locales y de ICE impidieron que Morales Echevarría se defendiera adecuadamente ante la justicia.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo afecta a los inmigrantes?
El programa 287(g) permite a las agencias policiales locales colaborar con ICE en la aplicación de leyes migratorias federales. Esto incluye interrogar, detener y arrestar a personas por presuntas violaciones migratorias. La expansión de este programa ha generado críticas porque puede llevar a la deportación de inmigrantes sin un debido proceso judicial, y afecta especialmente a comunidades vulnerables que temen denunciar delitos ante la policía local por el riesgo de ser entregados a ICE.
¿Qué papel juega la ACLU en la defensa de los derechos de los inmigrantes?
La ACLU actúa como defensora de los derechos civiles y humanos de los inmigrantes, presentando demandas y documentando abusos en centros de detención de ICE. En el caso de Sergio Morales Echevarría, la ACLU de Nevada ha demandado al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por entregar al inmigrante a ICE, desobedeciendo una orden judicial. La organización también se ha involucrado en otros casos, denunciando condiciones inhumanas y negligencia médica en centros de detención de ICE.
¿Cuáles son las consecuencias de la cooperación entre las policías locales y ICE para los inmigrantes cubanos?
La cooperación entre las policías locales y ICE puede resultar en la deportación de inmigrantes cubanos sin un debido proceso. Esto se refleja en casos como el de Sergio Morales Echevarría, donde la entrega a ICE impidió que se defendiera ante la justicia. Además, acuerdos como el 287(g) incrementan el riesgo de deportación para inmigrantes que se encuentran en situaciones legales complicadas, dejando a muchos en un limbo migratorio y a merced de decisiones políticas y administrativas.
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