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Las familias de dos hombres de Trinidad y Tobago presentaron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la muerte de sus familiares durante un ataque militar en el Caribe, en el marco de la Operación Southern Spear, la ofensiva antinarcóticos lanzada por la Administración del presidente Donald Trump.
Los demandantes, representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales, acusan a Washington de llevar a cabo “asesinatos extrajudiciales y manifiestamente ilegales” al atacar una embarcación civil el 14 de octubre de 2025 frente a las costas de Venezuela.
En el ataque murieron Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, quienes regresaban a Trinidad tras trabajar en Venezuela.
Según la demanda, Joseph y Samaroo eran pescadores y trabajadores agrícolas sin vínculos con el narcotráfico. Ambos buscaban una embarcación que los devolviera a su país cuando su barco fue alcanzado por un misil estadounidense.
“Si el Gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debió arrestarlo, no asesinarlo. Deben rendir cuentas”, declaró la hermana de una de las víctimas, Sallycar Korasingh, en un comunicado difundido por la ACLU y citado por la cadena CNN.
El propio Donald Trump anunció el ataque en sus redes sociales el 14 de octubre, afirmando que “seis narcoterroristas fueron eliminados” a bordo de una embarcación “asociada con redes criminales”.
Sin embargo, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha negado tener información que vincule a las víctimas con actividades ilícitas o que la embarcación transportara drogas.
La demanda también cita al Acta de Muerte en Alta Mar (Death on the High Seas Act) y al Estatuto de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permiten a familiares extranjeros demandar al Gobierno estadounidense por violaciones del derecho internacional.
El caso se considera un precedente legal sin antecedentes, ya que es la primera vez que un tribunal federal deberá pronunciarse sobre la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que han dejado al menos 117 muertos desde su inicio en septiembre de 2025, según datos del Pentágono.
Varios países del Caribe y América Latina, junto con organizaciones de derechos humanos, han pedido una investigación independiente sobre los ataques estadounidenses en la zona.
Gobiernos como Colombia sostienen que algunos de los barcos destruidos eran de simples pescadores y no cargamentos de droga.
Expertos en derecho internacional han advertido que la Operación Southern Spear podría violar principios básicos del derecho humanitario, al no haberse confirmado las identidades de las personas a bordo de las embarcaciones antes de ordenar los ataques.
Mientras tanto, Trump ha presumido en varios mensajes en Truth Social que sus operaciones en el Caribe “ha eliminado a más de 120 narcoterroristas”, cifra que contrasta con las versiones de los gobiernos caribeños, que aseguran que varias de las víctimas eran pescadores o migrantes que intentaban regresar a sus países.
La demanda, ahora en manos de un tribunal federal en Washington, podría obligar a la Casa Blanca a revelar por primera vez los fundamentos legales de la ofensiva militar más polémica del hemisferio en los últimos años.
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