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El oficial de inteligencia Jorge Luis Mayo Fernández, señalado por su participación en actividades de espionaje y represión política, continúa desempeñándose como embajador de Cuba en Venezuela, pese a las denuncias que lo vinculan con crímenes de lesa humanidad en varios países de América Latina.
El diplomático participó recientemente en un acto oficial en el puerto de La Guaira, donde se conmemoraron los 145 años de la llegada de José Martí a Venezuela. El evento, organizado por la Embajada de Cuba y autoridades locales, contó con la presencia del gobernador chavista José Alejandro Terán y otros funcionarios venezolanos.
Durante la ceremonia, los oradores rindieron “homenaje a los héroes cubanos y venezolanos caídos durante la vil agresión imperialista del pasado 3 de enero”, en referencia a la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El mantenimiento de Mayo Fernández al frente de la legación diplomática en Caracas refuerza la estrecha relación entre el régimen cubano y el aparato de poder chavista, incluso en un escenario de transición política.
Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina bajo la supervisión de Estados Unidos, pero La Habana se ha esforzado por mantener presencia e influencia dentro del entramado institucional venezolano, especialmente en los sectores vinculados a la inteligencia, la defensa y los programas sociales binacionales.
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El régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene al frente de su embajada en Caracas a un alto oficial del G2 como parte de una estrategia orientada a proteger los intereses cubanos en territorio venezolano y asegurar el control sobre las misiones médicas, técnicas y de asesoramiento aún operativas.
La presencia de un agente de inteligencia en ese cargo también responde al propósito de monitorear de cerca la evolución del nuevo escenario político tras la caída de Maduro.
En un contexto de transición e incertidumbre, La Habana busca preservar los acuerdos energéticos y de cooperación que durante años le han garantizado petróleo subsidiado y respaldo financiero, fundamentales para sostener la debilitada economía cubana.
Según el proyecto Represores Cubanos, Jorge Luis Mayo Fernández es un alto oficial del Departamento M-II de la Dirección de Inteligencia (G2), especializado en operaciones en América Latina y el Caribe.
Desertores del propio aparato lo acusan de asesorar mecanismos de represión y persecución política, además de participar en labores de espionaje durante sus misiones diplomáticas en Argentina, Nicaragua, Venezuela y Naciones Unidas.
El expediente público del diplomático recoge una trayectoria de más de tres décadas dentro de la estructura del régimen. Formado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) entre 1984 y 1989, inició su carrera en 1999 como Tercer Secretario en la misión cubana ante la ONU.
En 2004 fue asignado a Argentina como Segundo Jefe de Misión, cargo que mantuvo hasta 2008. Posteriormente ejerció también como Segundo Jefe de Misión en Venezuela (2010-2016) y fue designado embajador en Nicaragua en 2021, antes de asumir su actual responsabilidad en Caracas.
Analistas del exilio y observadores internacionales coinciden en que su permanencia en Venezuela tiene un valor simbólico y operativo. “La presencia de un agente del G2 en Caracas es una maniobra de supervivencia del castrismo. Cuba busca conservar acceso a inteligencia y redes políticas en un país donde históricamente ha operado sin contrapesos”, señaló un experto en seguridad consultado por CiberCuba.
La continuidad de Mayo Fernández en el cargo también pone de relieve la dependencia mutua entre ambos regímenes. A pesar del cambio de poder en Venezuela, el chavismo residual sigue siendo un aliado esencial para el castrismo, tanto en el suministro de petróleo como en la cooperación de seguridad.
Con el debilitamiento del eje Caracas–La Habana, el gobierno de Díaz-Canel enfrenta un escenario de aislamiento creciente y la pérdida de su principal soporte energético.
Mantener a un cuadro de inteligencia en Caracas, según coinciden varias fuentes, forma parte de la estrategia del régimen para retener poder de negociación ante Washington y controlar la narrativa política en medio del reordenamiento regional posterior a la caída de Maduro.
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