¿Muerte digna o renuncia institucional?

El 23 de enero de 2026 el gobierno de Cuba publicó en la Gaceta Oficial la nueva Ley de Salud Pública, donde por primera vez se reconoce el derecho a una muerte digna y se definen los supuestos para aplicar la eutanasia, aunque su implementación quedó pendiente de una norma específica.

El anuncio ha sido presentado como un avance en derechos, pero en el contexto actual del sistema de salud cubano, marcado por la escasez, el colapso asistencial y la fragilidad de los cuidados paliativos, esta medida no puede leerse sólo en clave legal, sino profundamente ética.

Como médico, hablar de eutanasia y muerte digna nunca puede separarse del contexto en el que esas palabras se pronuncian. En Cuba, donde el sistema de salud atraviesa una crisis estructural profunda, marcada por la escasez de medicamentos, el colapso hospitalario, la migración masiva de profesionales y la erosión de los cuidados paliativos, este debate adquiere una dimensión moralmente perturbadora.

En los países donde la eutanasia es legal, no se aplica a cualquier sufrimiento ni a cualquier enfermedad. Está reservada para personas con enfermedades graves, irreversibles y en fases avanzadas, cuando la medicina ya no puede ofrecer curación ni mejoría significativa. Pero, además, sólo se considera después de que el paciente ha tenido acceso real a cuidados paliativos, control del dolor, apoyo psicológico y acompañamiento. Es decir: cuando no es la falta de atención lo que produce el sufrimiento, sino la propia enfermedad.

Cuba está muy lejos de ese escenario. Aquí muchos pacientes no sufren porque su enfermedad sea intratable, sino porque no reciben analgésicos, no hay recursos, no hay personal, no hay condiciones mínimas. En ese contexto, hablar de “elegir morir” puede ocultar algo mucho más grave: estar siendo empujado a esa elección por el abandono.

Un paciente que pide morir porque no puede controlar su dolor o porque no quiere ser una carga en un sistema que no lo cuida no está ejerciendo una libertad plena: está respondiendo a una violencia estructural.

Legalizar la eutanasia, sin garantizar primero que toda persona tenga alivio del dolor, cuidados paliativos y una atención digna hasta el final, convertiría la muerte asistida en un atajo peligroso. No sería una conquista de derechos, sino una forma elegante de administrar la escasez.

La pregunta incómoda no es si alguien tiene derecho a morir, sino por qué tantos ya no tienen asegurado el derecho a vivir con dignidad hasta su último día.