Comisionada de Miami-Dade: “El régimen comunista enfrenta una presión sin precedentes”

Desde la misma tribuna donde congresistas del sur de Florida reclamaron un golpe más duro contra La Habana, la comisionada de Miami-Dade Natalie Milian Orbis advirtió que el régimen comunista enfrenta una presión sin precedentes y, según dijo, ha llegado el momento de aplicar la ley sin titubeos.

Las declaraciones se produjeron en la sede del Directorio Democrático Cubano, en Miami, durante una conferencia de prensa en la que participaron los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, junto a organizaciones del exilio, activistas y funcionarios locales.

El encuentro sirvió para anunciar nuevas exigencias dirigidas al presidente Donald Trump, entre ellas la suspensión total de los vuelos a Cuba y el fin del envío de remesas, medidas concebidas como parte de una estrategia para asfixiar económicamente al gobierno de La Habana.

En ese contexto, Milian Orbis fue aún más directa. “A los dictadores comunistas en Cuba: Miami-Dade está cerrado para negocios. Su tiempo se acabó. El pueblo cubano ha esperado demasiado”, afirmó, al tiempo que reconoció a Trump por estar llevando a la dictadura cubana “al borde del colapso”.

La comisionada sostuvo que la presión ya está dando resultados visibles. Como ejemplo citó los recientes ataques públicos del canciller cubano Bruno Rodríguez contra las acciones de cumplimiento en Estados Unidos y la defensa que hizo de empresas que mantienen vínculos comerciales con el régimen. Para Milian Orbis, esa reacción confirma que la estrategia está funcionando y que ha tocado nervios sensibles del poder en la isla.

Sus palabras no se quedaron en el plano retórico. Desde la Comisión del Condado de Miami-Dade, impulsó una resolución aprobada por unanimidad, con el respaldo de demócratas y republicanos, que solicita la suspensión inmediata de licencias relacionadas con Cuba mientras se realizan auditorías federales exhaustivas. El objetivo, según explicó, es garantizar que ningún fondo, bien o servicio termine beneficiando al régimen o a empresas controladas por el conglomerado militar GAESA.

“Este no es un tema partidista. Es un tema moral”, insistió, al denunciar que licencias concebidas para fines humanitarios han sido estiradas más allá de su propósito original, permitiendo exportaciones de vehículos, maquinaria pesada y equipos con posible uso dual. “La ayuda humanitaria debe llegar al pueblo cubano, pero el comercio que enriquece a una dictadura no es humanitario”, subrayó.

Milian Orbis también aludió a hallazgos recientes del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, que apuntan a vacíos graves en los mecanismos de control de las exportaciones autorizadas a Cuba. Según dijo, en algunos casos no existirían verificaciones fiables sobre el uso final de los bienes ni salvaguardas efectivas para evitar su desvío hacia estructuras militares del régimen.

La comisionada reveló además que una sola empresa local estaría autorizada a exportar casi mil millones de dólares en vehículos, camiones y maquinaria a la isla. “Con nada más que una capa de pintura verde, pueden convertirse en herramientas de opresión”, advirtió, conectando su mensaje con el sentir de muchos cubanos que huyeron de la isla y que hoy ven con indignación cómo, desde el exilio, se reconstruyen las bases económicas del sistema que los obligó a marcharse.

El tono del evento reflejó una coordinación inédita entre figuras locales y federales, algo que Milian Orbis destacó al agradecer a los congresistas Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar por su respaldo, así como a las organizaciones del exilio presentes. “Lo que están escuchando hoy es determinación y cumplimiento”, concluyó.