El proceso de regularización extraordinaria que prepara el Gobierno español abre la puerta a que miles de personas extranjeras en situación irregular puedan obtener residencia y permiso de trabajo.
Sin embargo, no será automático ni universal.
El abogado de inmigración Vicente Marín, uno de los juristas más conocidos del país en materia de extranjería, ha explicado con claridad quiénes sí podrán beneficiarse y, sobre todo, quiénes quedarán fuera del procedimiento.
En un video difundido en Facebook, Marín advirtió que "habrá papeles para casi todos, pero no para todos", subrayando que además de cumplir los requisitos generales, hay perfiles que no lograrán regularizarse por razones legales o por errores en la tramitación.
La regularización, aunque amplia, tendrá filtros claros.
Según explicó el jurista, uno de los primeros grupos excluidos serán quienes hayan entrado en España después del 31 de diciembre de 2025. Es decir, todas las personas que hayan llegado durante 2026 no podrán acogerse a este proceso.
La norma exige no solo haber entrado antes de esa fecha, sino además encontrarse físicamente en España en el momento de la solicitud.
Tampoco podrán regularizar su situación quienes hayan venido como turistas y no hayan permanecido en el país al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. La continuidad en la estancia es un requisito clave para demostrar arraigo efectivo.
Otro grupo que quedará fuera son las personas con antecedentes penales o con antecedentes policiales graves. Marín fue enfático en que la regularización está pensada para quienes no tengan conflictos con la ley.
En la misma línea, podrían quedar excluidos quienes tengan órdenes de expulsión dictadas por otros países de la Unión Europea.
El abogado también alertó sobre un riesgo que no siempre se tiene en cuenta: cometer errores en la solicitud.
La falta de documentos, la presentación incorrecta de pruebas o fallos en el procedimiento pueden dejar fuera a personas que, en teoría, sí cumplirían los requisitos.
Por eso, insistió en la necesidad de ser "muy prudente y meticuloso" al preparar el expediente.
Además de explicar quiénes no podrán acceder a la regularización, Marín ha dedicado varios espacios a aclarar cómo interactúa este nuevo proceso con los trámites de arraigo que ya están en curso.
Muchas personas han presentado solicitudes de arraigo social, sociolaboral o socioformativo y aún no tienen respuesta, lo que ha generado dudas sobre si conviene esperar o sumarse a la nueva vía.
El jurista señaló que el texto actual de la norma permite presentar un expediente de regularización extraordinaria incluso si ya existe otro trámite abierto.
Y aclaró un punto clave: no es necesario archivar ni desistir del procedimiento anterior. Según Marín, se puede mantener el arraigo en curso y, al mismo tiempo, presentar la nueva solicitud.
En la práctica, explicó, muchos despachos -incluido el suyo- optarán por presentar el nuevo expediente porque tendrá carácter preferente.
Ello significa que, en teoría, se resolverá antes que los trámites antiguos por arraigo. De esta manera, quienes tengan dos procesos abiertos aumentan sus posibilidades de regularizar su situación más rápido.
El Gobierno, por su parte, ha enmarcado esta regularización extraordinaria en un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros con tramitación urgente.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo presentó como un mecanismo para dar igualdad de derechos y oportunidades a miles de personas extranjeras que ya viven en España.
La medida está dirigida a quienes hayan entrado en el país antes del 31 de diciembre de 2025, lleven al menos cinco meses en España en el momento de la solicitud y carezcan de antecedentes penales.
También podrán acogerse quienes hayan pedido protección internacional antes de esa fecha. Desde la admisión a trámite -que deberá producirse en un plazo de 15 días- los solicitantes podrán trabajar legalmente y acceder a la sanidad pública.
Las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril, una vez concluida la tramitación del real decreto, y el plazo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. La Administración tendrá un máximo de tres meses para resolver cada expediente.
Según estimaciones citadas por distintos medios, el proceso podría beneficiar a unas 500,000 personas, aunque algunos cálculos elevan la cifra potencial de inmigrantes irregulares en España hasta las 840,000.
No es la primera vez que el país afronta un proceso de este tipo: desde la llegada de la democracia se han realizado siete regularizaciones, siendo la más numerosa la de 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a más de 576,000 personas.
En este contexto, el mensaje de Vicente Marín es claro: la regularización será una oportunidad histórica para muchos, pero no para todos.
La clave, insiste el jurista, estará en informarse bien y hacer el trámite con rigor.
Preguntas frecuentes sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes en España
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¿Quiénes quedan fuera del proceso de regularización extraordinaria en España en 2026?
Quienes hayan entrado en España después del 31 de diciembre de 2025 y quienes no tengan al menos cinco meses de residencia continua en el país quedarán fuera del proceso de regularización extraordinaria. Además, las personas con antecedentes penales o policiales graves, y aquellas con órdenes de expulsión de otros países de la Unión Europea, no podrán beneficiarse de esta regularización.
¿Qué requisitos deben cumplir los inmigrantes para acogerse a la regularización en España?
Para acogerse a la regularización, los inmigrantes deben haber ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber residido de manera continua al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. Deben asimismo carecer de antecedentes penales y no tener órdenes de expulsión vigentes. También pueden beneficiarse quienes hayan solicitado protección internacional antes de la fecha límite.
¿Cuándo y cómo se pueden presentar las solicitudes para la regularización extraordinaria en España?
Las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril hasta el 30 de junio de 2026. Este proceso se enmarca en un real decreto con tramitación urgente, y se espera que la Administración resuelva cada expediente en un máximo de tres meses tras la admisión a trámite.
¿Es posible mantener un trámite de arraigo mientras se solicita la regularización extraordinaria en España?
Sí, es posible. Los inmigrantes pueden mantener su procedimiento de arraigo en curso y al mismo tiempo presentar una solicitud de regularización extraordinaria. El nuevo expediente tiene carácter preferente, lo que significa que podría resolverse antes que los trámites anteriores de arraigo.
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