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El régimen cubano descartó este martes cualquier posibilidad de incluir la liberación de presos políticos en un eventual diálogo con Estados Unidos, en un nuevo gesto que confirma la rigidez de su postura ante la creciente presión internacional.
En una entrevista con la agencia EFE, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que “no hay intención de hablar sobre ese tema”, al ser consultado sobre una posible excarcelación de detenidos por motivos políticos.
“No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos)”, declaró el funcionario.
Las palabras de Fernández de Cossío se producen en medio del proceso de liberación de cientos de presos políticos en Venezuela, parte de la hoja de ruta impulsada por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
En Caracas, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez ha anunciado medidas de reconciliación supervisadas por representantes del Departamento de Estado, en el marco de las tres fases delineadas por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición democrática.
En contraste, Cuba mantiene su negativa a cualquier gesto semejante. El viceministro cubano insistió en que el régimen no aceptará discutir cuestiones internas como la Constitución, la economía o el sistema de gobierno socialista.
“Tenemos la misma limitación que tendría Washington a discutir con La Habana sobre la Constitución de Estados Unidos o las redadas de migrantes en Minneapolis”, afirmó Fernández de Cossío.
Analistas interpretan estas declaraciones como una respuesta directa al proceso venezolano y a la estrategia de “transición por etapas” de Washington, que ahora apunta hacia la isla.
El endurecimiento del discurso diplomático cubano busca marcar distancia con Caracas y enviar una señal de control interno, en un momento en que la Casa Blanca considera a Cuba el núcleo del eje autoritario latinoamericano.
La negativa a liberar presos políticos también revela la inseguridad del régimen ante un posible escenario de transición.
“Hablar de presos sería reconocer que existen”, señaló un académico consultado en La Habana, recordando que el régimen los oculta tras la figura de Delitos contra la Seguridad del Estado y otros similares. “Reconocer que hay presos políticos sería admitir que en Cuba hay oposición, algo que el sistema niega por definición”, añadió.
Mientras Venezuela avanza hacia un proceso de apertura controlada, el régimen cubano se atrinchera: diálogo técnico, sí; concesiones políticas, ninguna.
Cientos de presos políticos que el régimen no reconoce
Mientras el régimen cubano insiste en negar la existencia de presos políticos, las cifras recopiladas por organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos desmienten ese discurso.
De acuerdo con el informe más reciente de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, la dictadura cubana mantiene actualmente más de 1,000 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta en el hemisferio occidental.
El reporte detalla que al menos 781 personas siguen cumpliendo condenas o medidas cautelares por motivos políticos o de conciencia, mientras otras 300 permanecen bajo arresto domiciliario o vigilancia.
Entre ellos se encuentran manifestantes del 11J, activistas, artistas, periodistas independientes y simples ciudadanos que expresaron críticas en redes sociales.
El colectivo Justicia 11J, surgido tras las protestas de julio de 2021, documenta casos con nombre, edad y condena, y denuncia la utilización del Código Penal como herramienta de castigo político.
Según su base de datos, más del 60% de los presos políticos son jóvenes menores de 35 años, muchos de ellos sin antecedentes penales, y varios han recibido penas superiores a 10 años por delitos como “desórdenes públicos”, “sedición” o “propaganda enemiga”.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han señalado que las autoridades cubanas criminalizan el disenso mediante juicios sin garantías procesales y detenciones arbitrarias.
Amnistía ha pedido reiteradamente acceso independiente a las prisiones y ha denunciado la falta de transparencia judicial en los procesos relacionados con las protestas de 2021 y 2022.
Organismos internacionales como la ONU, el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han reclamado la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos, recordando que la represión en Cuba constituye una violación sistemática del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el país es signatario.
A pesar de las evidencias y los llamados internacionales, el régimen cubano mantiene la narrativa de que en la isla no existen presos políticos, sino “personas sancionadas por delitos comunes”.
Esa negación —reiterada ahora por Fernández de Cossío— forma parte del blindaje discursivo del régimen, que busca evitar cualquier comparación con el proceso de transición que vive Venezuela.
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