El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó este jueves la primera lectura de una ley de amnistía con carácter urgente que busca perdonar y liberar a manifestantes, críticos del Gobierno y personas procesadas por delitos políticos desde 1999.
La medida, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se presenta como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de conflictividad política, reportó Euro News.
Según Infobae, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió “celeridad” en el proceso de consultas y aprobación final. “No tenemos mucho tiempo”, advirtió ante los diputados, al insistir en que la ley debe discutirse con todos los sectores, sin exclusiones.
Según el texto aprobado, la amnistía contempla la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados a los beneficiarios.
El proyecto también podría beneficiar a jueces, fiscales y funcionarios que hayan sido procesados o sancionados por su actuación durante causas vinculadas a protestas o disidencia política, dependiendo de las circunstancias.
Además, se levantan órdenes de captura, alertas migratorias y notificaciones internacionales, lo que facilitará el regreso de exiliados y perseguidos políticos.
El alcance de la ley es amplio: cubre delitos y faltas vinculados a protestas, manifestaciones, expresión de opiniones críticas a funcionarios públicos y difusión de mensajes políticos, incluso los realizados a través de redes sociales.
El texto amplía su cobertura a delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, cometidos en el marco de manifestaciones políticas desde 1999 hasta 2026, incluyendo protestas ocurridas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
La medida abarca hechos cometidos desde 1999, cuando comenzó el Gobierno chavista en Venezuela.
No obstante, la norma excluye los delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, en línea con los estándares internacionales que prohíben la impunidad en estos casos.
La propuesta ha sido bien recibida por sectores de la oposición y familiares de presos políticos, que la consideran una oportunidad para cerrar etapas de represión e injusticia, aunque advierten que es necesario garantizar una justicia efectiva y respeto pleno a los derechos humanos.
Organizaciones no gubernamentales, por su parte, han instado a que la ley no se convierta en un instrumento de impunidad, especialmente en casos documentados de abusos.
El proyecto, aprobado por unanimidad en primera instancia, será sometido a consultas parlamentarias. Según el chavismo, esta amnistía constituye un “acto de clemencia soberana” orientado a sanar las heridas políticas del país y avanzar hacia una convivencia pacífica.
La sesión parlamentaria se desarrolló en un clima político distinto tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Bajo la dirección interina de Delcy Rodríguez, la Asamblea ha buscado mostrar gestos de apertura y reconciliación.
La ley fue aprobada solo en primera lectura, y aún debe pasar por una segunda discusión y una consulta pública antes de su promulgación definitiva, conforme a la Constitución venezolana.
La iniciativa no incluye un reconocimiento de responsabilidades por parte del Gobierno. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, alrededor de ocho millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, en un contexto marcado por la crisis política, económica y social.
Autoridades venezolanas aseguran que más de 600 personas han sido liberadas de manera gradual desde enero, aunque organizaciones como Foro Penal solo han verificado la excarcelación de 383 detenidos y reportan alrededor de 700 presos políticos aún en prisión.
La aprobación de la ley coincide con signos de estabilización económica tras la recuperación de las exportaciones de petróleo y la liberación de fondos bloqueados por Estados Unidos hacia el Banco Central de Venezuela.
Delcy Rodríguez ha avanzado en acuerdos energéticos y financieros que, según el Gobierno, buscan facilitar la “convivencia democrática” y mejorar el clima político.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Amnistía en Venezuela
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¿Qué es la Ley de Amnistía aprobada en Venezuela?
La Ley de Amnistía en Venezuela busca perdonar y liberar a manifestantes, críticos del Gobierno y personas procesadas por delitos políticos desde 1999. Esta medida incluye la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de procesos judiciales en curso y la eliminación de antecedentes penales, entre otros beneficios. Sin embargo, excluye delitos graves como crímenes de lesa humanidad y tráfico de drogas.
¿Cuál es el alcance de la amnistía política en Venezuela?
El alcance de la amnistía es amplio e incluye delitos relacionados con protestas, manifestaciones y la expresión de opiniones críticas desde 1999. Además, se levantan órdenes de captura y alertas migratorias, facilitando el regreso de exiliados. Sin embargo, quedan excluidos los delitos graves como homicidios intencionales y violaciones de derechos humanos.
¿Cómo ha sido recibida la Ley de Amnistía por la oposición y sectores de derechos humanos?
La Ley de Amnistía ha sido bien recibida por sectores de la oposición y familiares de presos políticos. Consideran que es una oportunidad para cerrar etapas de represión e injusticia. Sin embargo, advierten sobre la necesidad de garantizar justicia efectiva y respeto pleno a los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales han mostrado preocupación por el posible uso de la ley como un instrumento de impunidad.
¿Qué cambios políticos recientes han influido en la propuesta de amnistía en Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses fue un punto de inflexión en la política venezolana. Desde entonces, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha impulsado la amnistía como parte de un proceso de reconciliación nacional y diálogo político. La transición política supervisada por Estados Unidos, y el fin del dominio chavista, crean un contexto de cambios que facilitan la aprobación de esta medida.
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