Gobierno cubano cobrará hasta el 20% del salario a quienes reciban viviendas estatales: Pagarían por 30 años

El Gobierno cubano oficializó una nueva medida que permitirá descontar hasta el 20% del salario a los ciudadanos beneficiados con viviendas asignadas por el Estado, un pago que podría extenderse durante 30 años, según un acuerdo del Consejo de Ministros publicado este martes en la Gaceta Oficial.

La disposición, aprobada el 14 de marzo de 2025, entra finalmente en vigor tras su publicación oficial el 4 de febrero de 2026, casi un año después, en medio de una crisis habitacional que golpea a miles de familias cubanas que sobreviven entre derrumbes, albergues y casas en ruinas.

De acuerdo con el documento, las viviendas construidas por el Estado o las que queden disponibles en manos de los gobiernos municipales podrán asignarse bajo las modalidades de propiedad, arrendamiento o usufructo, en dependencia de la “capacidad de pago” del beneficiario y el orden de prioridad establecido.

En el caso de la asignación en propiedad, el Gobierno autoriza que el pago se realice en cuotas mensuales que no superen el 20% de los ingresos del titular. Además, se establece que el plazo de pago puede extenderse hasta 30 años, según la edad y la capacidad económica del beneficiario.

El acuerdo señala que el beneficiario podrá adelantar pagos, pero advierte que en caso de incumplimiento “injustificado” se procederá según lo establecido en la legislación vigente, lo que deja abierta la posibilidad de pérdida del derecho sobre la vivienda.

Para quienes tengan ingresos bajos, el Estado contempla la modalidad de arrendamiento, con pagos calculados sobre el 10% del salario, cuando incluso el descuento del 20% resulte imposible sin “sacrificar necesidades básicas”.

En los casos más críticos, el régimen podrá entregar viviendas en usufructo, una figura que no otorga propiedad y que se aplicará cuando la persona no pueda asumir “ninguna deducción” de sus ingresos.

La norma también indica que si un beneficiario en usufructo o arrendamiento mejora sus ingresos, podrá solicitar un cambio de estatus y optar por pagar la vivienda como propietario, descontándose lo ya abonado.

Una medida en medio del colapso habitacional

El anuncio llega en un contexto marcado por el deterioro acelerado del fondo habitacional cubano. Diversos reportes han estimado que el país arrastra un déficit cercano al millón de viviendas, con cientos de miles por construir o rehabilitar, mientras los derrumbes en La Habana y otras provincias se vuelven parte de la rutina diaria.

El propio Gobierno ha reconocido en años recientes la gravedad del problema y ha aprobado regulaciones que obligan a los beneficiarios a pagar las viviendas estatales con mensualidades calculadas en función de los ingresos familiares.

Desde 2019, el Consejo de Ministros había dispuesto que el precio de transferencia de viviendas estatales sería equivalente al costo presupuestado de construcción, y que la asignación priorizaría a damnificados, casos sociales y familias en condiciones precarias. Sin embargo, la realidad para miles de cubanos sigue siendo la misma: largas listas de espera, burocracia interminable y una escasez crónica de recursos.

Viviendas vinculadas y pagos por años

El nuevo acuerdo también se conecta con regulaciones anteriores relacionadas con las llamadas viviendas vinculadas a centros laborales estatales, que podían transferirse a los arrendatarios después de años de pagos.

Según trámites publicados en plataformas oficiales, la transferencia de propiedad de viviendas vinculadas exige haber abonado un total de 180 mensualidades, equivalentes a 15 años de pagos, además de cumplir con requisitos laborales y legales.

Ahora, el Gobierno amplía el marco para viviendas estatales en general, estableciendo plazos mucho más largos —hasta 30 años—, lo que para muchos cubanos significa una condena financiera en un país donde los salarios estatales siguen siendo insuficientes para cubrir incluso la comida del mes.

¿Quién podrá pagar una casa con salario cubano?

Aunque la medida se presenta como una “flexibilización” para facilitar el acceso a la vivienda, la realidad es que para buena parte de la población un descuento del 20% del salario puede representar el golpe definitivo a economías familiares ya asfixiadas por la inflación, la escasez y el encarecimiento brutal de productos básicos.

En Cuba, donde muchas familias dependen de remesas o del mercado informal para sobrevivir, el anuncio reabre un debate inevitable: ¿quién puede realmente pagar una vivienda estatal con un salario en pesos cubanos? Y, sobre todo, ¿cuántos cubanos podrán esperar tres décadas para decir que la casa donde viven les pertenece de verdad?